SAN ANDRÉS Ciudadanos se pone a disposición de los 800 propietarios afectados
Notifican la nueva valoración catastral de 450 hectareas
La plataforma del Catastrazo ayudó a que los suelos sin desarrollo se consideren rústicos.
p. infiesta | san andrés
Más de ochocientos propietarios perjudicados por la recalificación de fincas en el PGOU de 2010 del municipio de San Andrés del Rabanedo están siendo notificados con la nueva valoración catastral de sus terrenos, que vuelven a considerarse como rústicos, «después de cinco años luchando por considerar injusto que estos suelos calificados en el Plan General como urbanizables estuvieran sujetos, entre otros impuestos, a IBI y plusvalías», indica el actual portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, que lideró la plataforma contra el denominado Catastrazo.
La nueva valoración catastral afecta a 450 hectáreas de suelo e incluye las 150 hectáreas del sector SUZ-01 de uso predominante industrial, que se incluyen como excepción y tributarán catastralmente también como suelo rústico. Las notificaciones de las nuevas valoraciones catastrales tienen efecto desde el día 1 de enero de 2015. Ciudadanos, que se ha puesto a disposición de los afectados, sigue manteniendo «que los propietarios tienen derecho a la devolución de la cantidad abonada de más en concepto de IBI en el ejercicio de 2015».
Enmienda de C’s
Para ello ya presentaron una enmienda a los presupuestos del Ayuntamiento de San Andrés para el ejercicio 2016. Debido a los nuevos criterios jurisprudenciales y legislativos, creen que cabe la posibilidad de plantear ante las administraciones «la retroactividad en los últimos cuatro ejercicios fiscales de los impuestos generados por las fincas urbanizares, (IBI y Plusvalías), así como los gastos generados por la paralización del cobro por parte del PP en la pasada legislatura».
Fernández reitera que seguirán trabajando y apoyando a este colectivo de propietarios que se han visto afectados por el Catastrazo de urbanizables en San Andrés, «como venimos haciendo hasta la fecha desde que tuvimos conocimiento en septiembre de 2011 de esta problemática, que afecta a ochocientos propietarios de 1.300 fincas que pagaban un IBI urbano por parcelas que eran pedregales y que como mínimo en cincuenta años no tendrían desarrollo urbanístico». Ciudadanos insta al equipo de Gobierno a que establezca un procedimiento para que los afectados se puedan informar de los cambios legislativos que están afectando a sus fincas, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014 y la reciente ley 13/2015 que recogen el criterio de que los suelos urbanizables sin desarrollo pormenorizado a efectos de valoración catastral deberían ser considerados como rústicos.