Uno de cada tres edificios de León se salta la obligación de pasar la inspección

álvaro caballero | león

Tenían hasta el 31 de enero de este año. Pero a pesar de los trece meses de plazo, todavía hay 360 inmuebles en el municipio de León que no han cumplido con la obligación de pasar la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE, antigua ITC). La cifra supone una de cada tres casas que estaban marcadas en el padrón, conformado por 1.080 edificios: todos aquellos construidos en el año 1974 y entre el 1 de enero de 1961 y el 31 de diciembre de 1965. Un listado de incumplidores que el Ayuntamiento de León ha seguido para emitir los correspondientes decretos. Si no atienden el requerimiento en el plazo de un mes, la administración municipal encargará la revisión por su cuenta y les girará la factura, que ronda los 150 euros de media por vivienda del inmueble objeto de análisis, además de que se exponen a una multa por desobedecer la ordenanza que puede llegar hasta los 3.000 euros.

Pese a la voluminosidad del número de edificios pendientes de pasar la ITE municipal, el porcentaje con respecto al total se mantiene acorde a los experimentados en los últimos años. Aunque desde el Ayuntamiento de la capital leonesa se insiste en que una vez enviado el decreto la gran mayoría cumple con la obligación de que se revisen las condiciones del inmueble para garantizar la seguridad y salubridad de la estructura y redes.

Ya cuentan con este visado positivo 540 de los 720 edificios cuyos propietarios han cumplido con lo marcado en la ordenanza, después de que los profesionales de la empresa contratada certificaran que están dentro de los márgenes exigidos.

Fuera de este porcentaje del 75% de favorables quedan los 180 que encontraron dictamen desfavorable. El informe de estos inmuebles lleva ya definidos cuáles son las partes de la estructura y redes que están dañadas y cómo debe solucionarse los problemas: grietas y desprendimientos en las fachadas, cimentaciones defectuosas, forjados con humedades, chimeneas y barandillas con riesgo de desplome hacia la calle, instalaciones de saneamiento, electricidad y fontanería que suponen un peligro... Esta suma de trabajos derivó en que se tuvieran que desarrollar proyectos de reforma que inyectaron en el mercado 700.000 euros, 3.954 euros de media por cada uno de los afectados, según los datos facilitados por la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Ana Franco.