EL CRIMEN DE ISABEL CARRASCO
Raquel Gago no ha pagado la fianza de 30.000 para seguir libre y la acusación pide su inmediato ingreso en prisión
Los letrados entienden que el aval presentado, que no es ejecutable, no garantiza el pago del dinero impuesto por el juez a la agente de la Policía Local
Raquel Gago con su abogado, Fermín Guerrero
La acusación en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, letrados de la hija y la pareja de la que fuera presidenta de la Diputación de León, han requerido el ingreso inmediato en prisión de la agente de la Policía Local, Raquel Gago, condenada por el juez a cinco años de prisión por un delito de encubrimiento y de tenencia ilícita de armas, después de que no haya hecho efectivo el pago de los 30.000 euros de fianza interpuesta por la Audiencia de León.
La acusada presentó como aval un certificado bancario en el que se detalla el importe del préstamo hipotecario concedido y el saldo vivo de éste a la fecha de su vivienda. Sin embargo, los letrados entienden que este documento no permite justificar o garantizar el pago de los 30.000 euros de fianza impuestos por el juez para que Raquel Gago continuara en situación de libertad provisional y piden a la Audiencia de León que no acepte un aval sin garantía alguna como es una vivienda hipotecada debido a que no garantiza la inmediata disponibilidad del dinero ni la futura al poder se ejecutado el préstamo.
Según señalan en su escrito, cabe la posibilidad de que Raquel Gago dejase de abonar ese préstamo hipotecario y que la entidad bancaria lo ejecute lo que confirma “con total claridad que el aval que quieren prestar el ficticio. Simplemente no existe”. Además, continúan, tampoco se ha cumplido por parte de la representación legal de Raquel Gago con el requisito previsto para una fianza hipotecaria como es la presentación de una tasación real de la vivienda.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de León resolvió el 26 de febrero, días después de que fuese considerada culpable de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, que Raquel Gago podía seguir en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros.
El pasado 10 de marzo se hizo pública la sentencia del tribunal que preside el magistrado Carlos Álvarez con la sorpresa de que absolvía a Raquel Gago del delito de asesinato en contra del veredicto del jurado.
El tribunal asumió que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas y condenó a Gago a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas, mientras que Montserrat González, autora confesa del asesinato, y su hija, Triana Martínez, se enfrentan a penas de 22 y 20 años, respectivamente.
La sentencia no considera a la agente de la policía local Raquel Gago cooperadora en el crimen, según estableció el veredicto del jurado popular, aunque sí como encubridora, por lo que la condena a una pena de tres años de cárcel -de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva- y a dos años por tenencia ilícita de armas.
El tribunal consideró que el objeto del veredicto del jurado no estuvo bien planteado, un error del que se responsabilizó en exclusiva el presidente-magistrado. Básicamente, el tribunal entendió que algunas de las más de ochenta preguntas que se le entregaron al jurado para que contestase y cuyas respuestas tenían que ser la base de veredicto no estaban bien formuladas.
Las dos acusaciones particulares y la Fiscalía han anunciado que recurrirán la sentencia que absuelve a Gago del delito de asesinato. Un recurso que se suma al que ya se presentó contra la decisión de la Audiencia de León de permitir que Gago siguiese en libertad condicional pese al veredicto de culpabilidad.
Isabel Carrasco murió a las cinco y cuarto de la tarde del 12 de mayo de 2014 tras recibir tres disparos cuando atravesaba una pasarela peatonal sobre el río Bernesga para dirigirse a la sede del PP en el Paseo de Salamanca.