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La Audiencia acepta los avales presentados por Gago para seguir en libertad

Hace frente con una vivienda y una plaza de garaje a los 30.000 euros para no volver a prisión.

Gago y su abogado Fermín Guerrero, un día del juicio. RAMIRO

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León

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dl | redacción

La sección tercera de la Audiencia hizo público ayer un auto por el que declara suficiente la fianza constituida por la agente de policía local Raquel Gago, una de las tres condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, para evitar su ingreso en prisión.

El tribunal que la condenó le impuso una fianza de 30.000 euros para evitar que ingresara en la cárcel, a la que inicialmente Gago hizo frente con unos avales sobre varias propiedades a su nombre que estaban hipotecadas, pero no inscritas en el Registro de la Propiedad. Los letrados Beatriz Llamas y Carlos Rivera, que representan a la a la hija y la pareja de la víctima, Isabel Carrasco, presentaron el 15 de marzo un auto para reclamar el ingreso en prisión, al considerar que Gago trataba de hacer frente a la fianza con un certificado de una entidad bancaria en el que únicamente constaba el importe del préstamo hipotecario que se le concedió y el saldo vivo, y que por lo tanto no ofrecía garantía alguna.

El tribunal le exigió entonces que presentara más documentación y que inscribiera en el Registro de la Propiedad los bienes con los que pretendía hacer frente a la fianza, algo que la agente hizo y que le permitirá seguir en libertad hasta que se resuelvan los recursos presentados por su defensa, que pide su libre absolución.

El tribunal que preside el magistrado Carlos Javier Álvarez resolvió la «suficiencia» de la hipoteca sobre fincas urbanas propiedad de Gago (un piso y una plaza de garaje) que quedó inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de León, con fecha de 8 de abril, para cubrir los 30.000 euros de fianza. Del total de la fianza, 27.000 euros se aplican a la vivienda y los 3.000 restantes a la plaza de garaje

La Audiencia había resuelto el 26 de febrero que Raquel Gago podía seguir en libertad provisional bajo una fianza fijada por el tribunal en un total de 30.000 euros.

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