Exigen 41.990 € al ex director del Inteco Martínez Marín por «acelerar» la obra

manuel c. cachafeiro | león

Una sentencia del Tribunal de Cuentas, a instancia de la Abogacía del Estado, aprecia responsabilidad contable solidaria en la gestión del ex director general de Inteco con Zapatero, Enrique Martínez Marín, y le condena, junto a otras cinco personas que trabajaron en la construcción de la sede de La Lastra como técnicos, al pago de 41.990 euros entre todos ellos por el sobrecoste de trabajos no justificados.

Según el fallo, que obra en poder de este periódico, queda probada la «aceleración de los trabajos» para que el edificio estuviera finalizado antes de las elecciones generales de 2008, lo que implicó un sobreprecio de 1,9 millones, según la sentencia.

El procedimiento de responsabilidad contable contra Martínez Marín y los profesionales que intervinieron en la obra civil del edificio, fue iniciado a raíz de un informe elaborado en 2012 por la Intervención General del Estado y dio lugar a una demanda presentada por la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, contra la que cabe ahora recurso ante la Sala de Justicia del mismo órgano administrativo. El fiscal y las defensas pidieron en su día el archivo de la causa.

El fallo, redactado por la consejera y ex ministra con el PP Margarita Mariscal de Gante, afirma que la última certificación de obra fue firmada por Martínez Marín y dos de los técnicos «conociendo  que las unidades de  obra consignadas en la certificación no correspondían a la obra  efectivamente ejecutada, como consecuencia del sistema seguido -y conocido  por todos los intervinientes en el acto- para pagar a la constructora el  sobreprecio por la aceleración de la obra así como las modificaciones  introducidas a última hora al margen de las previsiones del proyecto».

Hechos probados

De acuerdo con los hechos que se han acreditado en el procedimiento tramitado por el Tribunal de Cuentas, la sede del Inteco, hoy Incibe, contó con un presupuesto inicial de 8,4 millones de euros, pero acabó costando 18,2 millones, en parte por las modificaciones últimas del proyecto, para las que se impuso un plazo de ejecución de 10 meses con el objetivo de que la obra estuviera finalizada en febrero 2008, algo que reconocieron algunos de los arquitectos en su declaración ante el Tribunal de Cuentas.

A lo largo del fallo se constatan varias irregularidades aunque el pago de los 41.990 euros que ahora se exigen a los responsables del proyecto y al director general del Inteco es por la última certificación, cuando se introdujeron conceptos como la cobertura de 4.682 metros de suelo con linóleo y la construcción de una góndola, por un importe total de 403.756 euros, que no se llevaron a cabo.

«No hay constancia alguna de que el plazo impuesto por Inteco a la constructora fuera necesario por razón de los intereses públicos para cuya atención fue creada dicha sociedad», añade la sentencia en su extensa exposición de 30 folios.