Más de un millar de firmas en León en contra del ‘congreso machista’

dl | redacción

La campaña de recogida de firmas abiertas en Change.org en contra del congreso que se celebrará en León del 26 al 28 de mayo sobre el Síndrome de Alienación Parental, organizado por la asociación Pro Derechos del Niño SOS Papá, ya cuenta con más de 1.100 firmas que exigen que las administraciones públicas —Junta, Diputación y Ayuntamiento de León— que retiren su apoyo al encuentro. En la web remarcan que tanto la asociación como el evento «se nutren y sustentan en la ideología machista, contraria a las vigentes leyes de igualdad y de género». El congreso ha sido declarado por la Junta, «de interés sanitario» y el Ayuntamiento de León ha cedido Centro Cívico León Oeste para que se celebre el encuentro. Por su parte, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, participará en la clausura.

Diversas organización entregarán mañana más firmas recogidas en contra del congreso en la sede municipal. «El Ayuntamiento sólo ha cedido un espacio a una asociación legalizada en un congreso asumido por la Junta», defendió ayer la concejala Aurora Baza, quien concretó que la institución municipal está considerando el caso ante la repercusión social que está generando el encuentro, con llamadas a este periódico incluso desde Canarias.

«Con este congreso se pretende difundir y defender el supuesto Síndrome de Alienación Parental, negado por la comunidad científica al no estar incluido en ninguna de las clasificaciones mundiales de trastornos y enfermedades mentales», se indica en Change.org para explicar que recurrir a este «pseudosíndrome» puede permitir que incluso, se «retire la custodia a la madre, a quién se acusa de alienadora, y se entregue el menor al padre incluso siendo maltratador y, en ocasiones abusador».

Desde SOS Papá consideran «un ataque» y una «difamación» las acciones emprendidas «bajo etiquetas feministas» y defienden que el síndrome «ha sido incluido en varios capítulos del DSM-5, Colegio de Médicos y por la propia presidencia del Gobierno en España». También acusan de «coacción» y «censura» el veto a su encuentro para ocultar «la realidad sangrante de los efectos de las interferencias parentales».