León busca desbloquear la concesión del párking subterráneo de Ordoño II
El Ayuntamiento traslada al Consultivo las dudas para poder encontrar nuevo adjudicatario.
álvaro caballero | león
Condenado a funcionar por inercia desde que el grupo Martínez Núñez entró en concurso de acreedores, el aparcamiento subterráneo de Ordoño II espera la vía por la que encontrar un nuevo adjudicatario. En poder de la entidad financiera Liberbank, que ejecutó el embargo por las deudas que acumulaba la constructora, el Ayuntamiento de León intenta desbloquear el proceso por medio del Consejo Consultivo. El órgano autonómico asesor será el encargado de aclarar la capacitación profesional necesaria que deben acreditar los interesados: si basta sociedades de gestión de este tipo de instalaciones o, en cambio, como defienden algunos técnicos municipales, sólo pueden concurrir empresas constructoras, de acuerdo a lo que se recogía en los pliegos que rigieron el concurso original, a pesar de que la infraestructura ya está ejecutada.
La decisión del Consultivo podría abrir el abanico de ofertas para lograr un adjudicatario que revierta la deficiente gestión que se arrastra desde hace años. Las instalaciones acumulan una falta de mantenimiento que ha sido puesta de manifiesto de manera reiterada por los arrendatarios de plazas de aparcamiento. Sin resultados por el vacío en el control, el Ayuntamiento quiere que estas inversiones necesarias se anoten como obligaciones para quien se haga cargo de la gestión, siempre con el acuerdo de Liberbank, que en estos momentos es la titular de la concesión hasta su finalización en el año 2034.
La salida se presenta también como la mejor opción para que el Ayuntamiento logre cobrar la deuda que acumula la concesionaria. Pese a que el canon obligatorio apenas rebasa los 18.000 euros anuales, en la lista de incumplimientos arrastrados por Aparcamientos León se anotan además las facturas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales. Esta suma hace que en los servicios de recaudación del consistorio haya una cuenta por saldar de más de 350.000 euros.