Casi 50.000 familias y autónomos pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
El 70% de quienes no pueden resolver sus deudas con las entidades financieras son familias, el resto pequeños negocios.
maría j. muñiz | león
Casi 50.000 leoneses, el 70% de ellos familias y el resto propietarios de pequeños negocios y autónomos, se encuentran en una situación financiera crítica, que les impide afrontar las deudas que tienen contraídas con las entidades financieras (bien por préstamos hipotecarios, créditos personales o gastos acumulados en sus tarjetas de crédito). Una circunstancia que les permite intentar acogerse a la Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social, la conocida como ‘ley de la segunda oportunidad’.
Una norma que entró en vigor en agosto del año pasado, y que extiende a las familias y pequeños empresarios las medidas de reestructuración financiera a las que hasta entonces sólo podían acogerse las sociedades empresariales. La ley permite a particulares y autónomos renegociar sus deudas o, en su caso, cancelarlas, en el caso de que acrediten la imposibilidad de hacerles frente. Y siempre después de haber intentado el pago a través de un convenio voluntario con los acreedores, con la mediación de un juez.
los afectados
Es el cálculo realizado por la asociación Resuelve tus Deudas, que agrupa a un equipo de agobados que se ha especializado en la renegocación y tramitación de estas situaciones. El servicio calcula en cerca de 3,5 millones de españoles el colectivo que tiene bloqueadas sus cuentas frente a las entidades financieras. 120.000 de ellas son familias y pequeños empresarios de Castilla y León. Es decir, según los cálculos de esta sociedad, casi un 42% de los particulares atrapados por sus deudas en la Comunidad son de la provincia.
Según explican desde la entidad creada para tramitar esta posibilidad legal, actualmente gestiona la situación de alrededor de un millar de clientes en todo el país, con una deuda que suma 15 millones de euros. «Muchas personas todavía no saben que pueden acogerse a posibilidad, a pesar de que se aprobó hace ocho meses», señala Manuel Forés, director jurídico legal de la compañía.
El coste medio de llevar a cabo la reclamación a través de ellos es de 3.900 euros, aunque Forés asegura que «nos adaptamos a las circunstancias y necesidades de las familias. Somos la primera empresa española dedicada al asesoramiento sobre esta ley».
La deuda media de las reclamaciones actualmente en trámite es de 172.000 euros. «El perfil de los particulares afectados es fundamentalmente de dos tipos. Por un lado son familias que se sobreendeudaron antes de la crisis, entraron con mucha facilidad en los créditos, y después se vieron afectados por un cambio de situación laboral como consecuencia de la recesión económica. Y por otro lado están los pequeños empresarios y autonomos, que en muchos casos han visto cómo los gastos se han comido sus patrimonios».
Las hipotecas inmobiliarias, la compra de vehículos y los créditos domésticos han llevado a esta situación límite a alrededor de dos millones de familias españolas. «Los ciudadanos se ven en una situación límite y no ven salida. Y la ley de la segunda oportunidad es una alternativa para empezar de cero».
Repara tu Deuda está constituida por varios despachos de abogados «exclusivamente para desarrollar esta actividad. Sus servicios incluyen desde la tramitación ante los juzgados para alcanzar un convenio voluntario entre las partes a un tramo gratuido para personas sin recursos económicos que precisan cancelar urgentemente préstamos. Incuida la atención a las llamadas telefónicas que reciben a diario por parte de las entidades bancarias, o las empresas delegadas en la gestión de la morosidad».
Respecto a la respuesta de las entidades financieras con respecto a esta tramitación, Forés destaca que «de momento las reclamaciones no son numerosas, pero en cualquier caso deben acatar la ley. Y tienen que ser conscientes de que los deudores están en una situación sin salida. Se puede negociar cómo hacer frente a la deuda actual, o bien seguir ampliándola con el paso del tiempo, lo que hará cada vez más difícil que pueda ser cobrada».
Aunque «de momento hay pocas sentencias dictadas», señala, «en muchos casos se logra la exoneración de la deuda». Una resolución para la que la normativa marca límites claros de patrimonio y tiempo de devolución.