Los fiscales revisaron casi 6.000 causas penales en sólo seis meses

miguel ángel zamora | león

La plantilla de integrantes del Ministerio Fiscal en León y Ponferrada ha alcanzado prácticamente el objetivo de revisar las casi 6.000 causas penales que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligaba a examinar, con el objeto de determinar cuáles de ellas pasaban a ser consideradas complejas y qué otras tienen que tener un plazo máximo de seis meses de instrucción.

Emilio Fernández, fiscal jefe de León y Jacinto Villalvilla, fiscal de área de Ponferrada, han desarrollado una árdua labor junto a los miembros del Ministerio Público para conseguir que, a pesar de las dificultades que se planteaban inicialmente en diciembre para lograr el objetivo, la meta se pudiera alcanzar finalmente.

«El objetivo es conseguir que no quede ninguna sin ver. Lo tenemos planteado de tal forma que, lo que quede pendiente, seguramente lo revisaremos a lo largo del fin de semana», explicó el fiscal jefe provincial. «De todos modos, por ejemplo, hace unos minutos han aparecido otras treinta causas en los juzgados de León... Esto es impredecible pero nuestra misión es llegar al lunes sin nada por hacer».

Seis meses después de su entrada en vigor, el mandato legal que recoge el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar las causas toca a su fin, pero no abandona la polémica que ha provocado un agrio enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio, cuyas posturas han chocado desde el inicio del proceso.

Una tensión que tocó techo hace unas semanas cuando el Consejo Fiscal, órgano que preside la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, admitió por unanimidad que era «imposible» cumplir con el plazo legal para la revisión de causas penales y solicitó que se adoptaran «medidas adecuadas para corregir esta situación».

ENFRENTAMIENTOS

La reacción del Ministerio no se hizo esperar y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá llamó a consultas a Madrigal para celebrar una reunión y lanzar el mensaje de que se iba a cumplir «sobradamente» el plazo.

Y parece ser que lo ha conseguido, porque como afirman fuentes fiscales consultadas por Efe, se va a cumplir con el plazo pero «a un precio muy alto» porque la revisión se ha logrado de «forma acelerada, caótica y precipitada» sin argumentar ni justificar el fallo. «Había que salvar el proceso y daba igual cómo», añaden.

Fue el pasado 31 de mayo cuando la Fiscalía General del Estado dictó un oficio de obligado cumplimiento y dirigido a todas las fiscalías en el que autorizaba la emisión de «dictámenes uniformes» para calificar las causas penales, es decir, informes genéricos, ya que el número de asuntos pendientes «impide su análisis pormenorizado».