Gexín manda una carta a los grupos que los ediles ven como un intento de coaccionarles

La ex adjudicataria de las piscinas, la empresa Gexín, remitió antes del Pleno una carta a los grupos políticos de San Andrés que la mayoría de concejales vieron como un intento de coaccionarles y de condicionar su voto sobre una nueva intervención del servicio. Es más, entendieron la misiva como «amenazas», ya que ésta expresa textualmente que la compañía «se reserva el derecho a interponer acciones judiciales personales» frente a «todos aquellos que de manera activa o pasiva faciliten la toma de decisiones en evidente perjuicio de los legítimos derechos e intereses de esta mercantil». El portavoz del PP, Gregorio Chamorro, aseguró que «como responsables públicos», defienden a los ciudadanos, «y lo mejor, es que puedan usar las piscinas. No se pueden consentir las amenazas». Su homóloga de IU, Eloína Terrón, también indicó que su grupo «no acepta que una empresa nos plantee lo que tenemos que hacer, ya que sólo atendemos a los intereses de los vecinos». Al igual que la leonesista Rosa María Fernández, para quien «no es admisible que unas instalaciones estén cerradas por capricho de una empresa, que a mayores, envía amenazas». Resaltó, además, que UPL «tiene claro» cual es la obligación como concejales a la hora de votar. El socio de Gobierno, Francisco Gómez, fue más allá y afirmó que votaría «con convencimiento, libertad y sin consentir que nadie me amenace». Sólo Ciudadanos consideró correcta la carta, porque incluía la frase «con el más absoluto respeto a la libertad de opinión y decisión de esta Corporación», como coletilla al anuncio de que Gexín impugnaría la decisión del pleno en el ámbito administrativo o contencioso.