Dos opositores a bombero ganan su plaza tras 5 años de lucha y pleitos

álvaro caballero | león

Les queda cruzar por un tablón de 3 metros de longitud y 60 centímetros de ancho a la altura de un sexto piso. Apenas se trata de un trámite para los dos aspirantes a bombero que después de cinco años y cuatro meses de hacer la oposición, media docena de pleitos judiciales y decenas de zancadillas administrativas ven cómo el Ayuntamiento de León tiene que plegarse a sus demandas, previa sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero ahora, si cumplen con la prueba de vértigo, el apuntalamiento y el análisis médico, tres pruebas básicas de aptitud que rematan los tres exámenes anteriores, al fin podrán ingresar por pleno derecho en la plantilla del servicio de prevención y extinción de incendios, toda vez que el equipo de gobierno ha decidido acatar el fallo y cerrar la pugna que abrieron sus predecesores, bajo la Alcaldía del también representante del PP Emilio Gutiérrez.

El camino se cierra lejos del 8 de marzo de 2011 en el que se hizo la primera prueba teórica, que hubo que repetir el 9 de abril del mismo año después de que en una clase se anunciara que las respuestas del test psicotécnico restaban y en la otra, no. No sería el último contratiempo para los más de 500 aspirantes, de los que sólo sobrevivieron 31, a los que se convocó para la lectura de sus ejercicios teóricos ante el tribunal, entre los días 4 y 7 de julio, tras la criba de las pruebas físicas y el callejero. Pese a que ese mismo mes se corrigió la prueba, que superaron 13 personas, una más de las 12 plazas que había convocadas, el consistorio anuló la evaluación, toda vez que la denuncia del sindicato Asial alertara de que uno de los miembros del tribunal, jefe de parque en Asturias, tenía la consideración de personal laboral, lo que impide que puedan participar en oposiciones de funcionarios.

Resuelto el defecto con el nombramiento de un suplente, jefe del parque en León que había sido relegado por el PSOE, ya con la mayoría absoluta del PP el Ayuntamiento ordenó en enero de 2012 iniciar de nuevo la corrección de las pruebas, sin citar a los aspirantes para que leyeran. Pero sólo llegaron a revisar los exámenes de 8 personas, antes de que el equipo de gobierno de Gutiérrez se amparara en un informe del interventor que decretaba la «lesividad» del acuerdo con la argumentación de que las 12 plazas habían sido convocadas sin consignación presupuestaria en la etapa socialista.

Ahí empezó el viacrucis para los 31 opositores supervivientes, que se vieron abocados a recurrir a la justicia, mientras el Ayuntamiento, inmerso en el plan de ajuste, se ahorraba los más de 600.000 euros anuales de la consignación de las plazas e incluso llegaba a amortizarlas en el presupuesto de 2012. La decisión tuvo marcha atrás por el fallo del TSJ de junio de 2013, que desmontó los argumentos esgrimidos por la intervención y abrazados por el PP, anuló la aprobación de las cuentas de ese ejercicio y obligó a que se dotaran de nuevo las plazas, con el consecuente reinicio de la actividad del tribunal.

DOCE PLAZAS Y SEIS APROBADOS

Por tercera vez, después de que los afectados acamparan como protesta en San Marcelo, en octubre de 2013 se corrigieron las pruebas. No se aprovecharon las 8 notas que ya había puestas por el mismo tribunal, entre las que había 6 suspensos y 2 aprobados, sino que se partió de cero con los 31. Curiosamente los dos únicos que habían rebasado la nota de 5 suspendieron en la nueva evaluación, mientras que dos que habían quedado por debajo del corte lograron aprobar, junto con otros 4 más a los que no se había revisado en 2012. En total, sólo 6 personas consiguieron calificación suficiente para conseguir plaza, mientras que la media docena restante de plazas que había convocadas quedó desierta, después de que se cotejaran hasta tres notas diferentes con oscilaciones de más de un punto de miembros del tribunal a una misma persona.

Este resultado es el que invalida ahora el TSJ, aunque tan sólo en lo referente a los dos aspirantes que suspendieron en la tercera prueba y habían aprobado en la segunda. La sala de lo contencioso del alto tribunal, en contra del criterio que habían dado los juzgados de León, recalca que «no había motivo para que fueran calificados de nuevo» e incide en que la corrección fue «de una manera más rigurosa, a pesar de que ejercicio era el mismo y el tribunal calificador, también».