Cuando un muerto tiene pensión

El informe advierte de las «lagunas» en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, debido, sobre todo, a las «carencias» de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística (INE). También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, «que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos».

El tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión «y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control». Por ello, insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción. En ese informe se afirma que la Seguridad Social pagó 25 millones de euros a casi 30.000 pensionistas ya fallecidos. Tal afirmación ha envuelto en una guerra de cifras y réplicas al Tribunal de Cuentas y al Gobierno. El Ministerio de Empleo desmintió que se estén pagando pensiones a muertos —«ese error ya es nulo» en la Administración— y que el control de las defunciones se hace por cuatro vías complementarias, con intercambio diario de datos entre el Ministerio de Justicia y el INE, informó Efe.