INSPECCIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Los drones de Hacienda 'cazan' casi 38.000 edificios que no tributan en la provincia
La Agencia Tributaria sólo ha comprobado un 59% de las edificaciones y continuará con los controles
La Agencia Tributaria utiliza ahora drones para regularizar el catastro. DL
maría j. muñiz | león
El Plan de Regularización Catastral que el Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2014, y que concluirá su trabajo a lo largo del año que viene, ha destapado ya el fraude en casi 38.000 inmuebles de la provincia, que no habían declarado las ampliaciones o modificaciones realizadas y por tanto no cotizaban por ellas en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Según los datos de la Dirección General del Catastro, la inspección llevada a cabo ha controlado las modificaciones realizadas en el 59% de los inmuebles de la provincia, pertenecientes a 119 municipios. El total de inmuebles urbanos que han sido inspeccionados supera los 400.000.
Esta inspección ha supuesto la «regularización» de 37.774 inmuebles, tanto rústicos como urbanos. Lo que supone un 9,43% del total de las estructuras inspeccionadas en los municipios de la provincia en los que ya se ha llevado a cabo la investigación.
Obras realizadas
En el caso de León el 27% de las regularizaciones se corresponden con nuevas construcciones, un 31% de las obras son ampliaciones y rehabilitaciones y un 42% reformas y cambios de uso. En el caso de la provincia, apenas un 2% tiene que ver con la construcción de piscinas.
El Ministerio de Hacienda ha recuperado toda esta fuente de financiación de la regularización del Catastro que inició en 2014, y que concluyó el pasado día 20. A nivel nacional el fraude descubierto en el padrón urbano y rústico de los municipios revela que en poco más de dos años 1,7 millones de inmuebles de más de 4.000 localidades del país no han actualizado las obras que han realizado. Y todavía faltan localidades por incluir en esta lista, porque las inspecciones realizadas (que antes se hacían con aviones, y ahora incluyen drones) han revisado poco más del 80% de los inmuebles de todo el país.
Para las arcas públicas la diferencia es notable. El Catastro ingresa apenas una media de 60 euros por cada inmueble, pero las reformas afectan sustancialmente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto que cobran los ayuntamientos. La regularización de las obras no dadas de alta implicará unos ingresos a mayores de 1.254 millones de euros.
Un dinero que supone una fuente de financiación municipal que se recibe como agua de mayo, después de años de crisis y de que la burbuja inmobiliaria dejara a las arcas locales sin la que había sido su principal fuente de ingresos.
La medida del Ministerio de Hacienda se incluye en la política de lucha contra el fraude fiscal, y no está equivocada, porque casi un 9% de los inmuebles inscritos en el padrón han sufrido modificaciones por las que no se cotiza. A efectos de la hacienda pública, por cada euro que se ha invertido en el plan de regularización se recuperarán 16 por recaudación del IBI.
El plan de regularización se incluye dentro de la medidas de lucha contra el fraude fiscal. DL