La Fiscalía investiga si fue legal aprobar sin pleno el presupuesto

p. infiesta | san andrés

La Fiscalía ha aceptado investigar la denuncia del PP sobre la presunta ilegalidad cometida por los miembros del equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo al aprobar de forma definitiva, el pasado 17 de mayo, el presupuesto municipal en una Junta Local, al margen del pleno. A los populares les disgustó que los seis ediles socialistas (su socio del PAL se ausentó de la reunión y no votó), en una pirueta legal, dieran luz verde al documento hurtando el debate plenario. Sin embargo, el equipo encabezado por María Eugenia Gancedo defendió que esa medida había recibido las bendiciones del Ministerio de Hacienda, al ratificar la potestad de la Junta de Gobierno para, según informó textualmente, «aprobar el presupuesto de 2016 y toda la tramitación que el mismo conlleva de acuerdo al Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, incluida la resolución de reclamaciones, sin perjuicio de la correspondiente dación de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre». PSOE-PAL había preguntado al ministerio por esa posibilidad, tras contrastar que esa circunstancia se había permitido ya en otros municipios como Leganés. También alegaban la necesidad de dar el visto bueno definitivo al presupuesto como medida necesaria para sacar al Ayuntamiento del bloqueo al que estaba sometido, al carecer de una hoja de ruta económica que determinara las inversiones y los gastos del tercer municipio de la provincia. El presupuesto ya había sido aprobado de forma inicial el 4 de abril en Junta de Gobierno, pero tras ser rechazado por el Pleno.

Alegaciones desestimadas

Tras someterse a un periodo de exposición pública, en el que varios colectivos, representantes de los trabajadores y grupos políticos, enre ellos, el PP presentaron 27 alegaciones, se convocó el 9 de mayo un pleno extraordinario para su aprobación definitiva. Sin embargo, la sesión no pudo celebrarse al ponerse de forma inesperada de baja el secretario municipal, y una semana después se buscó la solución de refrendarlo en Junta Local. Para el PP, «tal actuación contraviene flagrantemente la Ley 2/2011, de 4 de marzo que establece la obligatoriedad de celebración del Pleno con su debate y votación y sólo en el caso de que no se llegara a la aprobación podría dársele luz verde en Junta de Gobierno Local». También opinan que «los hechos son de por sí de una gravedad extrema, porque no sólo se incumple la ley, sino que además hurtan a los grupos políticos que representan a los ciudadanos el debate democrático que debe presidir cualquier órgano administrativo». Los populares trasladaron al fiscal que los concejales socialistas de San Andrés pudoieron incurrir «en un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, siendo autores de los mismos los integrantes del equipo de Gobierno que votaron a favor en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local celebrada el 17 de mayo de 2016». El PP precisa que la decisión de celebrar la Junta de Gobierno «se adopta con ausencia temeraria de informes jurídicos preceptivos de los técnicos del Ayuntamiento».