Montserrat solicita que su pena se quede en sólo ocho años y Triana propone la absolución
La condena del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establecía que Montserrat González, la asesina confesa, es culpable de un delito de asesinato, otro de tenencia ilicita de armas y un tercero de atentado por el que se establece una pena de 22 años de prisión. 20 se fijan para Triana Martínez, como autora de un delito de cooperació necesaria y 12 para Raquel Gago como cómplice, aunque se le exime del delito de tenencia ilícita de armas.
Su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, presentado la semana pasada, presenta tres argumentos fundamentales. Por una parte, se insiste en que la llamada que realiza Montserrat a Triana es para advertirle que va a cometer el crimen y no que ya lo ha hecho, como sostiene el fiscal en su acusación. Ello se basa en el error que, según la defensa de las dos condenadas, supone datar la hora del crimen a las 17,15 y no a las 17,17 horas.
«El segundo motivo se refiere a la participación de Triana en el crimen, que se da por no probada según su letrado. «Son totalmente ilógicas y arbitrarias y son posibles otras inferencias y deducciones que no conducen a la participación de Triana en el asesinato». En tercer lugar se considera que lo único que ha quedado demostrado «es que efectivamente Triana, sin haber participado en las ideas homicidas de la madre, recogió el arma arrojada por la madre dentro de un bolso en el garaje de la calle Lucas de Tuy y lo depositó en el coche de Raquel sin su conocimiento, al habérsela encontrado de forma casual en la calle Lucas de Tuy».
En lo tocante a la madre, el letrado insiste en la necesidad de contemplar la existencia de un trastorno mental y aprecia dos errores en la sentencia. Por una parte, por la incorrecta valoración del informe de parte propuesto por su defensa, en el que se avalaba la existencia de ideas delirantes en la autora confesa del crimen y por otra parte, por la inaplicación de la eximente incompleta que dejaría la pena en seis años y medio de prisión a criterio de los forenses que realizaron los informes ebcargado por su defensa.