Les piden 25 meses de cárcel por estafar a su comunidad
Según el fiscal, se apropiaron del dinero de los recibos de los vecinos.
miguel ángel zamora | león
El Juzgado de lo Penal número 2 de los de León pasará vista oral el próximo día 24 de octubre, a partir de las 11.00 de la mañana a la acusación que pesa sobre dos individuos, vecinos de León con antecedentes penales ambos, para los que se solicita una pena de 25 meses de prisión acusados de un supuesto delito de estafa, por actuaciones irregulares en una comunidad de vecinos.
De acuerdo al escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, los hechos datan de abril de 2011. De acuerdo a la versión de la acusación, falsificaron el acta de la junta de propietarios para poder hacer frente a un cambio de datos ante la Agencia Tributaria, conseguido lo cual se dirigieron a una entidad bancaria de la avenida de Ordoño II y se identificaron como el presidente y el administrador de la comunidad de vecinos, solicitando la apertura de una cuenta corriente a nombre de la propia comunidad, a efectos de lo cual entregaron la documentación referida y lograron su objetivo.
Una vez logrados sus propósitos, empezaron a remitir comunicaciones a los propietarios de las viviendas para que ingresaran cantidades correspondientes a recibos diversos, motivo por el que alcanzaron una suma de más de 1.500 euros que en lugar de poner a disposición de la propia comunidad, se quedaron en su poder presuntamente, siempre de acuerdo a la versión que maneja el Ministerio Fiscal, de acuerdo al escrito de calificaciones que obra en poder de este periódico.
A la vista del supuesto éxito alcanzado en la primera operación, uno de los acusados trató de realizar una operación similar en otra entidad bancaria ubicada en las inmediaciones de la primera. Sin embargo, pese a contar con la documentación necesaria para conseguir sus propósitos en el primer caso, en el segundo fue detectada la ilicitud de la maniobra al percatarse un empleado de lo que ocurría.
Por los delitos de estafa continuada y falsedad en documento privado, el fiscal exige penas de 25 y 22 meses de prisión respectivamente para cada uno de los sospechosos y las pertinentes indemnizaciones.
Las defensas de los dos procesados niegan la autoría de los hechos que se les atribuye y solicitan la libre absolución de sus clientes con todos los pronunciamientos.