Estrasburgo desoye al leonés que pidió una pensión digna
El tribunal recalca que España no se ha sumado a la carta social.
Luis Javier Carro y Ramiro Pinto. SECUNDINO PÉREZ
miguel ángel zamora | león
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no ha admitido a trámite la demanda del leonés Luis Javier Carro, que solicitaba que su prestación se elevara al menos hasta el umbral de la pobreza, que se fija para España en 663 euros mensuales, muy por encima de los 367 euros que percibe en la actualidad.
«Se ha intentado abrir un camino de denuncia sobre la base de los derechos humanos, en concreto los que reconoce la Unión Europea, así como a los que refiere el preámbulo de la Constitución española, y todo queda en declaraciones abstractas, así como un entramado burocrático que impide avanzar en la defensa de los derechos humanos efectivos y concretos, que más que para resolver los problemas de los ciudadanos se convierte en uno más y es tal el laberinto que la conforma que lleva a ninguna parte de manera efectiva», explicó ayer Ramiro Pinto en una nota de prensa.
Pinto había acompañado al denunciante en el camino legal iniciado en la Audiencia Provincial, al presentar la denuncia en la Fiscalía de León, que se declaró no competente en la materia y exhortó a elevar el asunto a instancias superiores.
«Insistiremos en la medida de nuestras fuerzas denunciar cada caso concreto de pobreza así como abordar acciones y medidas que sirvan para su erradicación, si bien sumidos en una situación límite toda la energía se gasta en sobrevivir como se puede. Sufrimos un agravio comparativo con otros ciudadanos de Europa, de donde se nos excluye a quienes sufrimos la pobreza», insistió ayer. «Las instituciones municipales y provinciales deberían suplir esta carencia de recursos a nivel del Estado, sin que a la hora de la verdad se haga nada, ni siquiera desde la oposición ni por las fuerzas del cambio, de manera que la pobreza no es el centro de la política institucional, por lo que sin vías efectivas en el ámbito judicial ni institucional se ve la necesidad de que sea la presión social y ciudadana la que exija la abolición de la pobreza y luche por ello».