Una práctica en desuso que vuelve a cobrar vigencia

Se castiga con hasta tres años de prisión a quien “con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio”. Se trataba de una práctica asociada a países y culturas de otras latitudes pero la Policía Nacional y la Guardia Civil han apreciado un repunte de estos casos en algunas zonas del país, por lo que el Observatorio de la Violencia de Género pretende que se endurezca la legislación en estos casos, con el propósito de intentar erradicar sus actividades ilícitas y poner coto a los autores.