Puede comportar penas de hasta doce años de prisión

Castigado con hasta doce años de prisión. Su introducción se justifica en la ley por “la existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico”. No se han apreciado comportamientos de estas características entre ciudadanos de nacionalidad española, pero la existencia de una corriente en el área de la inmigración que seguía practicando estas costumbres, se ha decidido solicitar la modificación correspondiente, para poder hacer frente a situaciones muy degradantes.