Una sola ventanilla atenderá las peticiones de alquileres sociales
Una ventanilla única «para evitar marear a la gente», que tendrá como puerta de acceso los centros de acción social (ceas), una comisión de seguimiento para «tratar los problemas y quejas que surjan», y una «mayor agilidad en la gestión» son los tres pilares que ayer vendieron el Ayuntamiento y la Junta como bases del convenio para el parque de viviendas de alquiler social. El proyecto «viene a mejorar la coordinación y colaboración» por medio de «la puesta en común de los recursos públicos», como expuso el alcalde, Antonio Silván, quien abundó en que «se trata de asistir no sólo a personas con necesidades económicas, sino también sociales», derivadas de casos de maltrato o exclusión.
El parque de viviendas de alquiler social para personas en situación de especial vulnerabilidad parte con 4 pisos dependientes de la Junta y otros 2 que ya tiene el Ayuntamiento para situaciones de tránsito. Muy lejos de los 12 mínimo que se apuntaban en la propuesta inicial, a pesar de que desde el consistorio se insistió ayer en que en la actualidad «no existe ninguna» familia que se necesite esta atención. A esta dotación se suma además las otras 62 viviendas que tiene la administración autonómica en la provincia, como recalcó el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien incidió en que esta bolsa suma un total de 1.600 en toda la comunidad, entre propias de la institución, de la Sareb, del programa Rehabitare y las de Somacyl que estaban destinadas a la venta.
El miembro del Ejecutivo de Herrera abundó en que las ayudas al alquiler llegaron en la provincia a 2.048 personas, del total de 8.760 de la comunidad, y avanzó que van a «intentar obtener fondos para atender el 100% de las peticiones».
Silván aprovechó para recordar que «en los 19 meses que van de 2016 el Ayuntamiento ha tramitado 669 ayudas de emergencia, que suponen 550.433 euros». El alcalde reseñó además que «por pobreza energética se han gestionado 67 ayudas para suministros básicos en la vivienda», cifradas en «más de 28.000 euros», y que desde el consistorio se han cursado « 15 comunicaciones para evitar el corte de suministro eléctrico».