El Ayuntamiento pacta con 32 años de retraso la RPT para regular el empleo

álvaro caballero | león

Hace 32 años que por ley debería existir una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento de León. No la hay, salvo en el caso de los funcionarios, cuya configuración se hizo en 1990 y ya está caduca. Ahora, tras la suma de corporaciones que fracasaron de manera reiterada en el intento, el consistorio ultima el pacto para firmar de una vez el documento que permita «la mejora de la calidad de los servicios públicos y la regulación de los puestos de trabajo», según se cita en el borrador del acuerdo entre la administración y los sindicatos. Dos principios que, traducidos a términos operativos, conllevan el asentamiento de una estructura que limite la discrecionalidad política para meter personal sin que exista una plaza con función específica, regula los requisitos para la promoción interna fuera del libre albedrío y asume el compromiso de proceder a la consolidación de empleo para reducir la temporalidad, que ahora alcanza al 45,39% de la plantilla, por debajo del 5%.

El acuerdo, impulsado por el concejal Agustín Rajoy, engloba a los 1.683 trabajadores que hay ahora en nómina: 487 funcionarios y 1.196 laborales, de los cuales 340 son fijos, 156 fijos discontinuos y 700 temporales. El documento garantiza la estabilidad de los temporales hasta «la celebración de las convocatorias extraordinarias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintas escalas o categorías». Suman en total 764 plazas: 64 funcionarios interinos y 700 temporales. No se les podrá mover, ni menos echar, por motivo de promociones internas, sino que permanecerán en su condición a la espera de que el Gobierno haga una nueva regulación, como la que se aprobó para los que entraron con anterioridad al 1 de enero de 2005. A partir de ahí se fijará el modelo de concurso-oposición: una fase de concurso, que ahora puede llegar como máximo al 45% de la nota por años de servicio y experiencia, y otra de oposición para guardar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que regulan el empleo público.

Con la consolidación en espera, la RPT fijará con exactitud el organigrama de funcionamiento, donde aparezcan todas las plazas y su ocupante, la jerarquía y las relaciones de subordinación. Nadie podrá entrar sin que exista plaza vacante o se cree una nueva, sujeta a un proceso de determinación por criterios de necesidad, como ya existe con los funcionarios, pero que no se ha dado nunca con el personal laboral.

El dibujo de la estructura es la base para el resto. La RPT definirá el modelo de carrera profesional y la promoción interna para que cada trabajador tenga la categoría de las funciones que realiza, en lugar de que haya, por ejemplo, peones que ejercen de capataz. El funcionamiento hará que primero se asiente la plaza efectiva, sin que se toque de inicio el complemento específico del sueldo, y que quede marcada la escala de ascenso. No se podrán saltar categorías de manera discrecional, ni fuera de regulación, ni sin las características que se exigen para poder desempeñar el puesto. Además, se abrirá la vía para la funcionarización de aquellos laborales que desempeñan tareas de funcionarios, como las administrativas.

Para velar por estos principios, el acuerdo ampara la creación de una comisión mixta de seguimiento y ejecución, con la participación de partidos políticos y sindicatos firmantes. Por ahora, sólo CC OO ha mostrado en la última reunión su disposición a no suscribir el documento. Sí que se cuenta con que lo hagan los otros cuatro agentes que han participado en la mesa técnica de elaboración del borrador: UGT, Asial, Csif y USO. La oferta del consistorio para participar se ha extendido a los dos restantes con representación: Stil y SPPM.