Un vecino se enfrenta a 6.000 euros de multa por verter escombros en el monte
La Policía Local le sorprende con restos de tablas y escayola en un paraje cercano al aeropuerto.
p. infiesta | san andrés
La concejalía de Coordinación de Servicios Generales y Medio Ambiente ha incoado expediente sancionador a un vecino del municipio como presunto autor de un vertido de escombros de obra, en un paraje de monte próximo al aeropuerto de La Virgen del Camino. Una llamada telefónica alertó a la Policía Municipal del vertido de restos de escayola y tablas de madera en la zona, lo que provocó el traslado de los agentes al lugar, donde encontraron los deshechos y a la supuesta persona responsable de depositarlos, que los transportaba en una furgoneta. El edil del área, Francisco Gómez, recuerda que la Ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente prohíbe expresamente este tipo de prácticas, pues los espacios públicos «son susceptibles de un uso común general y como tal deben protegerse». Además, el tratamiento inadecuado de los vertidos de toda índole puede dar lugar a un problema de salud pública, materia que es competencia municipal. Actualmente, la concejalía de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza que regula sanciones de entre 100 y 6.000 euros para las personas responsables de vertidos de residuos sólidos de manera irregular en la vía pública, según el tipo de infracción, de leve a muy grave.
prácticas a desterrar
Gómez recuerda que el Ayuntamiento dispone de un Punto Limpio, ubicado en la calle Valle de Santiago de Trobajo del Camino, en el que se pueden depositar los restos de obras menores de forma gratuita. Además, agradece la implicación de los vecinos en la protección del medio ambiente y los espacios naturales del municipio; una colaboración que, como en este caso, ha permitido denunciar una práctica «que debe desterrarse, ya que los parajes públicos son de todos y hay que cuidarlos». El concejal insiste en que «la protección del Medio Ambiente es cosa de todos, no solamente de los poderes públicos, sino también de los ciudadanos, que cuando vean la comisión de un posible delito medioambiental lo deben poner en nuestro conocimiento para que, con las herramientas que tenemos, a través de la Policía Local, podamos actuar».