La acusación popular pide quince años de prisión para Barazón por la Púnica
Solicita once años de cárcel para Jesús López y nueve para Pedro Vicente Sánchez.
m.a.z. | león
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adae) erigida en acusación popular para la pieza leonesa de la Operación Púnica solicita una pena de quince años de prisión para Marcos Martínez Barazón, anterior presidente de la Diputación Provincial, al que acusa de la presunta comisión de los delitos de fraude, revelación de secretos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos.
El escrito, que obra en poder de este periódico, considera que Manuel Jesús López Sánchez, interventor de la Diputación en aquella etapa, es supuestamente autor de los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos, por lo que propone una pena de once años de prisión.
Para Pedro Vicente Sánchez, en su calidad de coordinador de la Diputación, la asociación propone una pena de nueve años de prisión, que se sumarían por los epígrafes penales de fraude, cohecho y malversación que presuntamente habría cometido en relación con estos hechos.
Para los tres investigados, se añade además la presunta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público.
La asociación considera que cinco personas más estaban implicadas en la trama leonesa. Para el conseguidor Alejandro de Pedro propone once años de prisión, para José Antonio Alonso Conesa, anterior alcalde de Cartagena y cerebro político que supuestamente iba a diseñar el ascenso de Barazón en el PP, otros once años. Adrián de Pedro Llorca, hermano del conseguidor, se expone a una pena de seis meses de prisión, igual que dos empleadas de las empresas sospechosas de haber formado parte de la trama, Eico y Madiva Editorial.
Todos los procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Diputación Provincial de León con 101.280 euros, de acuerdo a la petición presentada.
En la exposición del modus operandi, Adae incorpora una conversación telefónica entre De Pedro y Barazón. «Alejandro dice que estas personas que gestionan las pistas de León y las escuelas de esquí, les están robando las escuelas de esquí, que tiene acuerdos con ciertos colegios, que prefieren ganarse dinero por ahí que ganarlos con la estación y que son conscientes, que las estaciones pierden dinero pero que les da igual». Cafetería y hostal, son los servicios de la Diputación los que facilitan los pliegos para el concurso, pero los mismos los entrega el presidente Marcos Martínez Barazón a Alejandro de Pedro, y este organiza su corrección y adaptación a sus intereses. Entre la nómina de testigos que cita a declarar para el juicio en la Audiencia Nacional, la asociación solicita la presencia de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y Carlos Floriano.