Cuentas avisa a la Diputación de que debe optimizar el uso de sus edificios y servicios

álvaro caballero | león

Con «once recomendaciones» despacha el Consejo de Cuentas de Castilla y León su informe sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de León. Once apuntes que resume en el aviso a la institución provincial para que «en aplicación de los principios de eficacia, rentabilidad y eficiencia, y para una adecuada administración y conservación, que permitan optimizar la utilización y el rendimiento de su patrimonio inmobiliario», adopte «un plan sobre sus inmuebles de carácter patrimonial», así como de «sus edificios administrativos para la prestación de los servicios de su competencia». El apunte atañe a los 318 bienes inmuebles, entre los cuales se anotan los patrimoniales, cuya valoración asciende a 56,4 millones de euros, y los de prestación de servicios, valorados en una cifra de 108,4 millones de euros.

El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación. BRUNO MORENO

El organismo autonómico de control advierte a la Diputación de que debe tomar «las medidas oportunas de actualización y regularización del Inventario General de Bienes y Derechos con el fin de adecuar este documento y el programa a través del que se lleva, a la realidad de la situación patrimonial existente», debido a que la última revisión data de 2005, lo que incumple «lo previsto en la normativa sobre bienes de las entidades locales». Además, marca en rojo que «no hay un inventario separado de los bienes del organismo autónomo dependiente del Instituto Leonés de Cultura (ILC). Pero, no se queda ahí. El Consejo considera «de especial relevancia la necesidad de revisar los valores de mercado de los inmuebles, ya que los asignados actualmente son de elevada antigüedad.

El «propósito de la fiscalización» busca analizar «los bienes inmuebles de carácter patrimonial y de dominio público de la Diputación y de sus entes dependientes, mediante una auditoría de cumplimiento de legalidad y operativa», en el que quedan excluidas «las inversiones destinadas al uso general, como las carreteras provinciales, así como otros bienes destinados al uso colectivo por los ciudadanos». La radiografía muestra que «con carácter general se produce un elevado porcentaje de cumplimiento de los datos referentes a los inmuebles que deben figurar en el Inventario», entre los cuales se resalta que «la información relacionada con la signatura de inscripción en el Registro de la propiedad figura en el 89,3% de los casos», que la «información referente a la clase de aprovechamiento de las fincas rústicas consta en un 56,6 % de los bienes» y que «la fecha de adquisición de los inmuebles» consta en «un 75,8%». Pese a estas consideraciones, se cuestiona que «no existe la necesaria coordinación con el inventario, ni se cuenta con uno específico de carácter contable que detalle individualmente el inmovilizado material».

El informe reseña que hay «un total de 150 bienes o elementos inmuebles de carácter patrimonial que figuran en el Inventario», dentro de los cuales «71 forman parte de bienes construidos, 70 son terrenos rústicos y 9 urbanos». El trabajo del Consejo de Cuentas cita que, «según el alcance y las limitaciones al trabajo realizado, el valor total de mercado de los inmuebles patrimoniales en poder de la Diputación al cierre de 2014 asciende a 7,8 millones de euros y el de los cedidos a 48,6 millones». Ahí se cuentan «9 construidos: 5 en poder de Diputación, por valor de 910.475 euros, y 4 cedidos, con una valoración de 32,2 millones, entre los que están los 27,1 millones del hospital Princesa Sofía»; otros «56 terrenos de naturaleza rústica, dos de ellos cedidos, que ascienden a 42.991 euros, mientras que el valor de los que obran en poder de la Diputación asciende a 346.998 euros»; 6 terrenos más «de naturaleza urbana, que, descontando dos cedidos, por valor de 10,4 millones de euros, ascienden a 2,4 millones en poder de la Diputación»; y «diversas fincas urbanas de carácter patrimonial en la estación de San Isidro, parte de ellas en su poder, con un valor de 4,1 millones, y parte cuyo uso se otorgó a particulares, por 5.9 millones».