Las cláusulas suelo se tramitarán en los juzgados de Primera Instancia
León reparte los juicios entre las salas para evitar una sobrecarga brutal en Mercantil.
Fachada principal de la sede judicial de la Avenida de Sáez de Miera. JESÚS
miguel ángel zamora | león
Los juzgados de Primera Instancia de León se repartirán la previsible avalancha de juicios correspondientes a las cláusulas suelo que teóricamente se avecinan como consecuencia de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de exigir la retroactividad en la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a los clientes.
La decisión de repartir los casos entre la decena de juzgados de estas características de que dispone la capital data de septiembre de 2015 y se adoptó en su día siguiendo directrices de eficiencia. Obedece a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que el Juzgado de lo Mercantil dejaba de tener la competencia exclusiva para juzgar asuntos de estas características y se ampliaba el conocimiento de las mismas a los órganos judiciales de Primera Instancia.
La Audiencia Provincial aguarda el pronunciamiento del Tribunal Supremo para determinar si también corresponde devolver a los clientes que lo habían solicitado las cantidades indebidamente abonadas anteriormente al 9 de mayo de 2013 o si los ciudadanos que ya han ganado el juicio anterior no pueden presentar una nueva demanda para que se les reintegre el resto, por considerar que se trata de un supuesto de «cosa juzgada».
Alrededor de 50.000 hipotecas pueden estar afectadas por la cláusula suelo, si bien se trata de una cifra estimativa inicial. A criterio del Banco de España, hay un 35% de escrituras de estas características que están sujetas a esta opción mientras que los registradores de la propiedad entienden que el porcentaje se eleva hasta el 80%.
Las cláusulas comenzaron a generalizarse en 2003, y dejaron de aplicarse a finales de 2012, poco antes de la sentencia del Tribunal Supremo. En este período de formalizaron en León 150.000 créditos hipotecarios sobre fincas urbanas. A nivel nacional se calcula que unos dos millones de españoles han pagado una media de 3.000 euros de más en sus hipotecas por estas cláusulas.
Una parte importante de los afectados no han reclamado aún sus derechos, aunque el número de demandas se incrementa. Y lo hará previsiblemente en mayor medida a partir de ahora: muchos ciudadanos esperaban la decisión europea.