El vandalismo no conllevará multa si los infractores reparan los destrozos
La nueva ordenanza de convivencia ciudadana quiere reducir los ataques al mobiliario urbano.
p.i. | san andrés
El Ayuntamiento de San Andrés someterá a aprobación definitiva la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Actuaciones Antisociales en el Pleno de mañana. El documento persigue disminuir comportamientos incívicos como el destrozo de mobiliario urbano o la quema de contenedores. Tras su aprobación inicial (con el respaldo del PSOE, el PAL y C’s), en el periodo de alegaciones ningún vecino presentó propuestas. Sí lo hicieron los grupos políticos y, la concejalía de Medio Ambiente ha estimado parcialmente sus sugerencias «con el fin de buscar un texto articulado lo más consensuado posible y crear así una norma que dé respuesta a los innumerables problemas de vandalismo y de conductas antisociales que se producen y se pueden producir en un futuro dar en el municipio», explicó el concejal del área, Francisco Gómez. De hecho, sólo en el año 2016 se produjeron una veintena de incendios en el mobiliario urbano, afectando principalmente a contenedores, lo que supone un desembolso económico para el Ayuntamiento. La Ordenanza sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales define conductas incívicas que degradan el municipio, tipifica las infracciones y determina las sanciones correspondientes en casos, por ejemplo, de daños y alteraciones de los bienes protegidos, pintadas en fachadas o rotura de árboles y plantas en zonas verdes de carácter municipal. También da respuesta a la contaminación de espacios públicos con el depósito de residuos, basuras y enseres fuera de los espacios habilitados para ello, las heces de los perros abandonadas en vía pública e incluso comportamientos como los que llevan a algunas personas a miccionar en la calle.
También regula la obligatoriedad de tener los solares en perfecto estado de ornato y salubridad, y los espacios ocupados por las terrazas de bares o quioscos. El documento nace «con un claro espíritu de buscar el respeto hacia lo público, dando respuesta a aquellas actuaciones incívicas o antisociales que causan al patrimonio de todos los vecinos y vecinas del municipio».
En el caso de la graduación de las sanciones, se tendrá en cuenta la reiteración o reincidencia, la existencia de intencionalidad del infractor, la transcendencia social de los hechos y la gravedad o naturaleza de los daños causados. También se valorará la capacidad económica de la persona infractora, así como el riesgo o daño a la salud de las personas. Para las infracciones leves, la ordenanza contempla sanciones de hasta 500 euros, desde 501 a 1.000 euros para las graves y desde 1.001 hasta 3.000 euros para las muy graves. Una de las novedades que incluye el documento, en su artículo 27, es que en lugar de ser exclusivamente sancionadora permite al infractor reponer el daño causado a su estado anterior, evitando así la sanción.