La indemnización por los retrasos, el IVA y las negociaciones, lastres

El agujero presupuestario del Palacio de Congresos, Exposiciones y Recinto Ferial viene generado por los incumplimiento de Gobierno, Junta y Ayuntamiento en la financiación de la obra, además de por la subida del IVA impuesta por el Ejecutivo central a mediados de 2012, cuando pasó del 18 al 21% e incrementó en 2,1 millones la factura. La falta de las aportaciones pactadas hizo que el proyecto, cuyos trabajos principales empezaron en septiembre de 2011, no se pudiera entregar en enero de 2014, como estaba firmado en la adjudicación y que FCC y Dragados exigieran una indemnización por los costes generados.

Esta factura se cerró en 6,7 millones de euros, de acuerdo al convenio pactado por el anterior equipo de gobierno en abril de 2015. El acuerdo, impulsado por la concejala Belén Martín-Granizo, se articuló con una extensa memoria de unidades de obra que se renunciaba a ejecutar, pero que sin embargo se intentaban compensar con el presupuesto de las mejoras no valoradas que habían propuesto las empresas al presentar su oferta. No se tocaron los 2,5 millones de euros de los paneles solares de la cubierta, pero sí que se eliminó la urbanización de la plaza y se metieron a cambio actuaciones básicas como la instalación de electricidad. Se trataba de dar la patada adelante para que lo solucionase quien viniera detrás.

El proyecto partió con una factura de 76,2 millones: 30,5 millones de euros los cubre el Gobierno, otros tantos los pone la Junta y los 15,2 millones de euros restantes le corresponden al Ayuntamiento de León. El último convenio establece que debe de estar desembolsado todo en 2018.