Pagar al jurado popular del juicio de Larralde costará más de 19.000 euros

dl | redacción

Los once miembros del jurado popular que, a lo largo de 22 sesiones de vista oral y probablemente no menos de tres días de deliberación, han estado presentes en el juicio por la muerte de Roberto Larralde, cobrarán en torno a 1.750 euros cada uno por las seis semanas de trabajo que han desempeñado, cifra que puede variar dependiendo de los días que tarden en tener listo el veredicto, que empezarán a elaborar mañana.

Actualmente la compensación diaria que se estipular para cada una de las personas que conforman el jurado se cifra en torno a los 70 euros. Solamente por los emolumentos que les corresponden como compensación por los días que han permanecido en la Audiencia Provincial sin poder atender sus obligaciones profesionales y personales, ya se fija un montante de 1.750 euros para cada uno, aproximadamente.

A ello hay que sumar los gastos de los desayunos que se les proporcionaban en los periodos de descanso y el alojamiento y la manutención que a partir de mañana, deberá correr por cuenta de la Audiencia Provincial, puesto que una vez que se inicie mañana la deliberación del veredicto, las personas que conforman el jurado deberán permanecer aisladas de la viuda ciudadana, no tendrán acceso a medios de comunicación ni podrán tener contacto con amigos o familiares.

FUERA DE LEÓN

El jurado del juicio por el crimen de Isabel Carrasco fue alojado en un hotel de Arcahueja que permaneció escoltado por la Policía de forma casi permanente. Para esta oportunidad, también se elegirá un establecimiento hotelero que se localice fuera de la capital, en el que se dispondrán especiales medidas de seguridad y para el que la deliberación se llevará a cabo en la biblioteca de la Audiencia Provincial, como suele ser habitual en estos casos.

Desde las 11.00 de la mañana de ayer, procuradores y abogados de los siete acusados, además del Ministerio Fiscal y la representación legal de la familia Larralde desfilaron por las dependencias de la Audiencia Provincial para recoger un primer borrador del objeto del veredicto. Varios de los letrados consideran que habrá que introducir modificaciones a la redacción de las preguntas y aunque se busca el mayor consenso posible a la hora de redactarlas, será el magistrado presidente quién dirima las posibles diferencias que se puedan plantear.

ENTRE 20 Y 23 AÑOS

Después de que las conclusiones provisionales fuesen elevadas a definitivas, la pena más fuerte que se propone es la de 23 años de cárcel a la que se expone Miriam Caballero, la viuda de la víctima, que según el fiscal, participó como inductora en el plan para asesinar a su marido, del que tenía una orden de alejamiento a pesar de que convivían a menudo y que resultaba molesto para dar rienda suelta a la relación sentimental que había iniciado con Julio López, un empresario de la madera afincado en la Montaña Oriental, al que se piden 20 años de cárcel, tres menos que a la viuda porque a ella se le aplicaría el agravante de parentesco.

22 años de prisión (20 por asesinato y dos más por tenencia ilícita de armas) se proponen para Ramón Vega, el acusado de haber propinado el disparo mortal que acabó con la vida de la víctima la noche del 13 de septiembre de 2014 en un descampado de Santa Olaja de la Ribera. También las acusaciones exigen 20 años de cárcel para Froilán Álvarez, detective privado de profesión que supuestamente ideó las coartadas para evitar que la investigación descubriera la autoría de los hechos y otros 20 para Carlos Helí de la Red, un empleado de Julio que recibió la orden de llamar a cinco personas desde el móvil de Ramón a la hora en la que este presuntamente estaba cometiendo el crimen, pero habiéndose llevado su terminal a un bar de la capital para que la localización de las llamadas hiciese pensar que no se encontraba en el escenario del crimen a la hora en la que supuestamente se cometió.