El PP pide a Gancedo que se vaya por ser «ilegal» quitar un plus a la plantilla de San Andrés

p.i. | san andrés

La sentencia judicial, que acaba de anular la orden que emitió el pasado agosto la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo para suprimir la productividad a los 130 funcionarios de la ‘casa’, ha generado un revuelo de acusaciones en el Ayuntamiento. El Partido Popular exige la dimisión inmediata de la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, y de su concejal de Hacienda, Santiago Blanco, por tomar, según el fallo, «decisiones ilegales sin acuerdo sindical, anulando un concepto retributivo que forma parte de la nómina, lo que demuestra que están jugando con los derechos consolidados de los trabajadores», señalan. Para los populares, los tribunales han demostrado que la medida fue «arbitraria, absurda e ilícita, y costará más dinero que si hubieran pagado el plus», porque el Consistorio ha sido condenado a pagar los intereses y las costas. «Ya advertimos que sucedería ésto, pero la alcaldesa y su edil de Hacienda hicieron oídos sordos y siguieron adelante con su estrategia tiránica de tomar decisiones arbitrarias que lo único que traen son consecuencias muy negativas para el municipio y sus habitantes», apuntan. El PP vaticina que éste fallo es el primero de una cascada de casos similares que «pondrá al Ayuntamiento en una situación mucho más delicada por tomar decisiones con despotismo y temeridad que han provocado que los trabajadores acudan a los juzgados para salvaguardar sus derechos adquiridos durante años. Cuándo no hay negociación es lo que pasa». También insisten en que la sentencia permite el acuerdo entre las partes, «siempre que se haya tomado en Pleno y eso nunca existió»; y reclaman a la regidora que pague de su bolsillo los gastos que ocasionará a los ciudadanos. «Se hacen llamar socialistas y mientras hacen su defensa de boquilla, atacan de forma gravísima e imprudente a los trabajadores negándoles sus derechos», valoran. UPL también aprecia que era fundamental haber tenido «negociación», y Ciudadanos reclama ratificar cuanto antes el acuerdo alcanzado con los funcionarios para convertir ese plus en un pago lineal de 237 euros a cada empleado.

Por su parte, el Ejecutivo local expresó su «máximo respeto» a la decisión judicial que reconoce el derecho de los trabajadores a percibir el complemento en la cuantía que venían ingresando (entre 200 y 1.000 euros), y que suponía un desembolso anual de 600.000 euros para las arcas municipales. PSOE-PAL subraya que todas las decisiones tomadas hasta el momento «han tenido como único fin cumplir el Plan de Ajuste, que implica adaptarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el techo de gasto y el límite del déficit; en definitiva, que el Ayuntamiento sea viable desde el punto de vista administrativo y económico».

El equipo de Gobierno dice que «seguirá esforzándose en la adopción de medidas en materia económica para que San Andrés tenga un futuro inmediato y tanto los servicios municipales como las inversiones puedan incrementarse, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía». Recuerdan que el Plan de Ajuste exige ahorrar 1,3 millones en materia de personal antes del final de 2018 sobre el montante global de 3,4 millones.