León tiene parados por falta de personal 92 expedientes de infracción urbanística

álvaro caballero | león

Se detectan, se documentan, se analizan y luego quedan atascados encima de la mesa. Ahí descansan los 92 expedientes sancionadores de infracción urbanística que el Ayuntamiento de León acumula desde el año 2015. No salen adelante por «la insuficiencia de personal para ello», como avisan los técnicos del servicio de Gestión de Obras y Urbanismo, que una de las últimas comisiones informativas ilustraron a los concejales de los seis partidos políticos sobre los problemas generados por el hecho de que «sólo hay un auxiliar administrativo y un técnico de administración general, que también está tramitando expedientes en materia de responsabilidad patrimonial». «Somos conscientes de que hay que reforzarlo y se hará con el desarrollo de la recién aprobada Relación de Puestos de Trabajo (RPT)», admiten desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Ana Franco, que espera poner a una trabajadora específica sólo para estas funciones, en lugar de que las compatibilice con la resolución de las denuncias por caídas en la calle y similares, priorizadas para intentar ahorrar costes a la administración.

Pero mientras tanto «hay que tramitar 42 expedientes de los ejercicios 2014 y 2015 y 50 del ejercicio 2016», según se recoge en el acta de la comisión informativa de Urbanismo, en el que la técnico responsable insiste en «la insuficiencia de personal para la tramitación diligente de los mismos». Pese a este apunte, la encargada del servicio reseñó que «el plazo de prescripción de la infracción actualmente es de cuatro años», lo que supone que, por ahora, no hay riesgo de que pueda quedar sin sanción.

El juicio se da como respuesta a la pregunta del PSOE sobre los motivos que hacen que todavía no se haya incoado expediente sancionador a la entidad KFC, uno de cuyos propietarios es el concejal Pedro Llamas, «por la instalación de una construcción auxiliar prefabricada, destinada a almacén». Como en otros casos, sí que cuenta ya esta infracción —la segunda de esta sociedad tras el inicio de obras sin permiso— con «el expediente restauración de la legalidad», dado que logró «la autorización de la comisión de Patrimonio», pero sin embargo no existe aún el expediente sancionador asociado.

Este segundo expediente es el que define de manera concreta la gravedad de la infracción y asienta la cuantía. En función de años pasados, hay expedientes que se vieron en la comisión de investigación que firmaban multas de 500 euros por un tejadillo, obras en un sótano sancionadas con 3.500 euros, instalaciones de toldos y andamios que acarrearon pagos de 2.000 euros e incluso infracciones por obras sin cartel que supusieron 1.000 euros. De acuerdo a estos precedentes, los 92 expedientes que tiene acumulados el Ayuntamiento de León se estima que superarán los 100.000 euros que no se han recaudado por la falta de personal para llevarlo.