La Fiscalía investiga operaciones de las cajas España y Duero que perdieron 120 millones

maría j. muñiz | león

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el órgano del Ministerio de Economía y Competitividad encargado de gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito que necesitaron acudir al rescate público, ha enviado a la Fiscalía un total de 9 operaciones realizadas tanto por Caja España como por Caja Duero, que implicaron un perjuicio económico para las entidades que calcula en 120 millones de euros. Operaciones que el propio FROB califica como irregulares en un comunicado, en el que señala también que las decisiones se tomaron antes de 2010 por parte de las dos cajas que después se fusionaron, y más tarde, tras ser rescatadas, se integraron en Unicaja Banco.

La Comisión Rectora del FROB decidió en su sesión de este martes enviar a la Fiscalía las «nueve operaciones irregulares», después de haber analizado los informes periciales independientes que había solicitado para decidir sobre la necesidad de investigar estas actuaciones.

Operaciones

Aunque el FROB no concreta de qué operaciones se trata, sí señala que «la operativa analizada en dichos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades; y presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica».

El Banco de España ya advirtió a las dos grandes cajas de Castilla y León sobre irregularidades en varias actuaciones, en dos informes emitidos en 2006 y 2008. Así lo ratificaron los peritos del supervisor en el juicio que se lleva a cabo por presunta administración desleal por parte de los consejeros en los créditos concedidos a las empresas de Santos Llamas, que ocupó la presidencia de la entidad desde julio de 2006 a octubre de 2009, aunque se mantuvo como miembro del consejo de administración hasta octubre de 2012. Precisamente hoy se retoman las declaraciones por este caso.

De los consejos de administración cuya actividad ahora se investiga formaban parte también varios cargos públicos aún hoy en activo, entre ellos el actual coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.

Ahora los consejeros están llamados también a declarar como investigados en el juicio de los créditos a Santos Llamas.

En todo caso, los informes del Banco de España advertían ya desde 2006 sobre la irregularidad de algunas operaciones que se habían aprobado; y obligó a recalificar decenas de grandes créditos que habían sido concedidos por las entidades, y que se pasaron a dudosos.

Incluso en 2008 la entidad supervisora advirtió con dureza sobre las «debilidades de gobernanza» de las cajas, «condicionada por importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo». Los informes denunciaban también «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento», entre otras irregularidades.