La Diputación pagará obras y deuda con los 90 millones de euros que ahorró
Debe esperar a los PGE de 2017 para que el Gobierno autorice el uso del superávit en inversiones financieramente sostenibles
a. g. Puente | redacción
El bloqueo que viven los Presupuestos Generales del Estado de 2017, tras el retraso en la formación del nuevo Gobierno y las negociaciones necesarias para encontrar aliados que permitan sacar las cuentas adelante, paraliza de momento que la Diputación pueda dar destino a los aproximadamente 90 millones de euros de la liquidación del pasado año que quedarán en sus arcas para gastar este ejercicio.
El presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, explicó ayer que deben esperar a que el Gobierno autorice a las administraciones locales a utilizar fondos de su superávit en las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Se trata de una medida, ya aprobada por decreto ley en su día para los ejercicios 2015 y 2016, y que permite a aquellas entidades locales que tengan superávit en sus cuenta de tesorería y que no superen el máximo de deuda permitido, a invertir ese remanente en inversiones sostenibles. De este modo, en lugar de destinar ese superávit únicamente a la amortización de la deuda, pueden dirigir el remanente a actuaciones sostenibles.
Majo avanzó, además, que para presionar al Gobierno y urgir la aprobación del nuevo decreto que permita estas inversiones, las administraciones locales aprobarán mociones en sus respectivos plenos.
Parte de los 90 millones que quedarán disponibles para gastar este año, de los 149,5 totales de la liquidación de 2016, tendrán como misión la amortización de la deuda que tiene la Diputación. Alcanza los 41 millones de euros y con esta medida «liberaremos a los próximos presupuestos de la institución de gastos financieros, por lo que podremos destinar ese dinero a aumentar el capítulo de inversiones», remarcó el presidente. El resto del superávit heredado del ejercicio 2016 será destinado a inversiones: 49 millones, que se unirán a los 47 que ya recoge para este fin el presupuesto provincial de 2017.
Precisamente hoy, la Comisión de Hacienda incluye en su orden del día el análisis y aprobación del remanente líquido de tesorería de las cuentas de 2016, que asciende a 149,5 millones de euros. Los fondos líquidos constan de 193 millones. Tiene 71 millones en derechos pendientes de cobro, 94 en obligaciones pendientes de pago, otros 12 esperando a la aplicación de partidas, 1,8 en saldos de dudoso cobro y 1,5 en exceso financiero aceptado.
El diputado de UPL, Matías Llorente, también se mostró ayer favorable al destino de parte de los remanentes heredados del pasado año a liquidar la deuda pendiente de la Diputación. «De esta manera, tendríamos en sucesivos ejercicios más disponibilidad de dinero para invertir en planes de obras para los pueblos y equilibrar los presupuestos». Enfatizó, además, que «nunca jamás en esta casa había habido remanentes de este tipo, que deben ser destinados a las grandes necesidades».
El año pasado la Diputación ya contó con un superávit histórico, al poder incorporar a su capítulo de inversiones 62,7 millones tras la liquidación de las cuentas de 2015. Este dinero permitió abordar un ambicioso plan de carreteras bianual, dotar de más fondos al Plan de Juntas Vecinales y crear el Plan de Redes de Infraestructuras.