La empresa afectada por el estercolero precintado pide 104.000 euros por daños

p. infiesta | san andrés

La empresa avícola que se vio afectada por el precinto erróneo, según los jueces, de un estercolero de 3.600 metros cúbicos en Ferral, reclama al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 104.000 euros en concepto de daños y perjuicios. El Consistorio acaba de admitir a trámite el asunto y ha nombrado como instructor del procedimiento al concejal de Hacienda, Santiago Blanco, que deberá determinar si existe responsabilidad patrimonial por parte de la entidad local. El conflicto se remonta a finales de 2015, cuando la Junta de Gobierno acordó, con carácter de urgencia, precintar las instalaciones para que los presuntos lixiviados no afectaran a los manantiales del pueblo. El juzgado echó por tierra las pretensiones municipales de paralizar el enorme depósito de purines al no ver el riesgo de vertidos, levantó el precinto, como solicitaba la empresa, y permitió que continuara la actividad, al entender que el Ayuntamiento no podía aplicar esa medida cautelar al carecer de competencias en la materia. También comprobó que la industria que usa la parcela de Ferral para depositar las toneladas de restos orgánicos que generan sus pollos posee una licencia ambiental integrada, supervisada por la Junta.

valorizar el estiércol

Fuentes judiciales aclararon, además, que no se trataba de un basurero incontrolado, sino de un proyecto unido a una planta de huevos para valorizar el estiércol que se retira de las aves, mezclado con paja. Un producto altamente demandado por los agricultores a quien se vende, porque constituye un abono ecológico, sin productos químicos, que la administración autonómica ve con buenos ojos. En el expediente que incoó el Consistorio se exigía a la empresa responsable del depósito, que alcanza los 3.600 metros cúbicos, la constitución de una fianza en metálico o de una garantía de 114.000 euros para cubrir «las responsabilidades que pudieran derivar de su remoción a un lugar adecuado y de la clausura definitiva de la instalación». Algo que quedó también en suspenso. La actuación derivó de una denuncia de la Policía Municipal en octubre de 2015 en la zona de Santa Colomba, donde un dispositivo especial de vigilancia activado por la concejalía de Medio Ambiente encontró tres depósitos de 30 metros de largo, 26 de ancho y 2 de altura construidos en una parcela sin supuesta licencia a nombre del dueño. En realidad, se trató de una confusión, porque el suelo está alquilado a la empresa avícola, que goza de licencia ambiental integrada de la Junta. Un área en que los ayuntamientos son incompetentes frente a la comunidad autónoma.