El Procurador del Común recuerda a la Junta que debe de impulsar el leonés

miguel ángel zamora | león

El Procurador del Común dictó una resolución dirigida a las consejerías de Educación y de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para el impulso del leonés como patrimonio lingüístico de la autonomía, recomendación a la cual la administración respondió con el compromiso de colaborar en el cumplimiento de una cuestión que aparece reflejada en el Estatuto de Autonomía y de la que se desligó la Consejería de Presidencia por considerar que no se trataba de un asunto de su competencia.

Se trata de una de las 50 principales cuestiones abordadas por Javier Amoedo en el ejercicio de su labor durante el último año en lo que toca a la provincia de León (el total de asuntos de la provincia fue de 403), que se recoge en el informe que el Procurador del Común presentará la semana que viene y que recomienda además establecer una especial protección para el conjunto histórico del Camino de Santiago, que subraya el cierre de una residencia de ancianos de explotación privada por las irregularidades advertidas en su gestión, entre las cuales la más flagrante era la mala atención a los residentes y que señala a la Diputación Provincial de León y a quince ayuntamientos de la provincia leonesa entre los que en algún momento del ejercicio anual anterior no han seguido alguna de sus recomendaciones.

El expediente se tramitó con relación al leonés como patrimonio lingüístico de la Comunidad, y como objeto de protección en las disposiciones de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa, aprobada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, y ratificada por España mediante Instrumento publicado en el BOE de 15 de septiembre de 2001. Ya hubo un precedente el 28 de marzo de 2009. Con relación a aquella resolución, fue remitida una comunicación de la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones con las Cortes, fechada el 12 de noviembre de 2009 «en la que se nos indicó que ‘se acepta y comparte la Resolución de la Institución del Procurador del Común, en los estrictos términos del vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León’. De dicha actuación se dejó constancia en el Informe anual correspondiente al año 2009 presentado en las Cortes de Castilla y León», explica Amoedo.

PLAZA DEL GRANO

Amoedo intervino también en una cuestión suscitada a raíz de las obras de la plaza del Grano. «Aunque la plaza no ha sido declarada Bien de Interés Cultural, el propio Ayuntamiento de León, el 27 de febrero de 2015, había solicitado dicha declaración o su inclusión en el entorno de protección de la Iglesia de Santa María del Camino o del Mercado, habiendo sido ésta declarada Monumento Histórico-Artístico». Amoedo recomendó a la Junta y al Ayuntamiento «que, en los sucesivo, se informe a los organismos del Comité del Patrimonio Mundial, con la suficiente antelación y antes de que puedan producirse decisiones difícilmente reversibles, sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico y los que deban ser autorizados y que afecten a bienes protegidos por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, o a bienes que se encuentren dentro de su entorno, con el fin de que dichos organismos puedan participar en la búsqueda de las soluciones más adecuadas».

«La actividad administrativa de inspección y supervisión de la práctica residencial una medida de control esencial para la valoración constante del funcionamiento de los servicios prestados, que permite la detección de deficiencias en la atención, su corrección e, incluso, la imposición de medidas cautelares y sancionadoras por la comisión de irregularidades asistenciales o por la producción de perjuicios a los residentes. La importancia de este tipo de intervención pública también quedó reflejada en el expediente 20160661, en el que se denunciaba la existencia de supuestas irregularidades en el funcionamiento de una residencia ubicada en la provincia de León, de titularidad privada, determinantes de una deficiente atención a los usuarios», explica el informe. «Efectivamente, según se pudo constatar, como resultado de las inspecciones realizadas en dicho centro residencial por personal inspector de la Gerencia de Servicios Sociales, se acordó por dicha administración la iniciación de diferentes procedimientos sancionadores contra la citada residencia como consecuencia de la falta de cumplimiento de los requerimientos efectuados para la subsanación de las deficiencias constatadas, acordándose al mismo tiempo la medida cautelar consistente en el cierre temporal del centro, siendo reubicados los residentes en otros recursos residenciales.

Durante el año 2016 la institución recibió 2.527 quejas de los ciudadanos motivadas por la presunta vulneración de sus derechos por parte de las distintas administraciones radicadas en la Comunidad. A ellas se han sumado otras 42 actuaciones de oficio iniciadas ante el conocimiento de indicios de posibles vulneraciones de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Con ello, los expedientes tramitados por el Procurador del Común durante el año ascendieron a 2.569.

«La mayor parte están relacionadas con asuntos tan básicos para las personas como la educación, la renta garantizada de ciudadanía, las vías de comunicación, la vivienda, la asistencia sanitaria, la contaminación acústica, la utilización de los bienes comunales, los transportes públicos, las personas con discapacidad, la infancia y la adolescencia desprotegida, entre otros muchos asuntos».