TRIBUNALES
Condenados a penas menores ocho acusados que vendían carne ilegal sin garantía sanitaria
Reconocen su culpabilidad y llegan a un acuerdo con la Fiscalía para que les impongan condenas que van de cinco a los once meses
Partida de carne decomisada en una de las intervenciones de la operación. GUARDIA CIVIL
Ocho de los nueve acusados de pertenecer a una red de tráfico ilegal de carne asentada en la provincia de León han sido condenados hoy a penas de prisión menores, que van de cinco a los once meses, tras admitir su culpabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tan solo uno de los acusados, propietario de un matadero en la localidad leonesa se Oteruelo de la Valdoncina, ha rechazado un acuerdo de conformidad y ha defendido su inocencia ya que en su caso el pacto con la fiscalía conllevaría la inhabilitación durante cuatro años para ejercer su profesión.
Los ya condenados por el titular del juzgado de lo penal número 1 de León, todos ellos hosteleros o propietarios de empresas cárnicas, vendían o distribuían carne y embutidos sin las correspondientes garantías sanitarias y conociendo su procedencia irregular. En el marco de esta operación, la Guardia Civil decomisó un total de 13.981 kilos.
La red ilegal estaba liderada por el propietario de una empresa cárnica en San Andrés del Rabanedo (León) que sacrificaba ganado ovino sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competentes en la materia. Para ello utilizaba un sello que falsificado que imitaba al oficial del matadero de León.
Para el cabecilla de la trama la Fiscalía solicitaba inicialmente penas de 4 y 3 años por sendos delitos contra la salud pública y continuado de falsificación de documentación oficial. Finalmente, esta mañana ha sido condenado a once y tres meses y a una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios y la inhabilitación para cualquier profesión relacionados con la alimentación durante año y medio.
Otro de los imputados en este proceso, propietario de otra empresa cárnica y actualmente en prisión por delitos contra la salud pública, ha sido condenado a 11 meses de prisión así como a un año y medio de inhabilitación tras el acuerdo alcanzo entre la Fiscalía y su defensa. Inicialmente, este acusado se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión.
A otros cinco acusados propietarios de empresas de distribución el juez les ha impuesto penas de cinco meses de prisión frente a los 2 años y cinco meses que les pedía inicialmente la Fiscalía.
La investigación se inició en noviembre de 2010 a instancias de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a raíz de una denuncia anónima.
El cabecilla de la trama sacrificaba ganado ovino sin los correspondientes permisos, y otro imputado distribuía sus productos sabiendo que carecían de las garantías sanitarias para su comercialización. Otro de los condenados es propietario de una firma de cecinas de la provincia de León, cuya empresa, según la Guardia Civil, también comparaba carne ilegal y además no reunía las condiciones sanitarias necesarias para la manipulación de productos cárnicos. Otros dos de los condenados vendía carne adquirida al cabecilla de la trama a pesar de que conocían su procedencia y la falta de garantías sanitarias. La única mujer de esta red es propietaria de una empresa dedicada a la distribución, a la que se decomisaron 1.613 kilos de carne sin etiquetar y carente de la trazabilidad exigida. También ha sido condenado el propietario de un restaurante que compraba carne ilegal a sabiendas de su procedencia.