La Diputación acelera la privatización de San Isidro para atajar la sangría de pérdidas

a. G. Puente | redacción

Con el fin de la temporada de esquí, hace poco más de un mes que las dos estaciones de la provincia cerraron otra campaña a medio gas por la demora en la llegada de la nieve, vuelve el debate del déficit que cada año dejan los espacios blancos a las arcas del Palacio de los Guzmanes. A falta del cierre definitivo de las cuentas, fuentes del equipo de gobierno admiten que el déficit de San Isidro y Leitariegos rozará en su conjunto los dos millones de euros.

Ya con el horizonte puesto en el fin del mandato como fecha tope, la institución provincial ha comenzado a recopilar datos para elaborar todos los informes precisos con el objetivo de sacar a concurso la gestión de la estación de esquí del Alto Porma y el Alto Curueño. Quiere acelerar el proceso para dejar la gestión de la principal estación de la cornisa cantábrica en manos de una empresa y atajar así la sangría de pérdidas que cada temporada arroja.

El diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido, explica que actualmente la Diputación realiza un inventario exhaustivo del patrimonio de la estación, al que acompañará también un estudio económico para concretar las condiciones en las que la gestión de San Isidro será licitada, ya que la fórmula de la sociedad mixta está prácticamente descartada. «De todas formas, nos ajustaremos a lo que determinen los servicios jurídicos, nuestra intención es que el proceso esté en marcha antes de que finalice el mandato».

La institución provincial se reservará el derecho de fijar los precios de los forfaits y abonos de temporada, que deberán contar con el refrendo del Pleno. Del Egido reconoce que la deuda que cada temporada arrastran las estaciones de esquí debe atajarse y resulta un argumento esencial a la hora de justificar la privatización de la gestión de San Isidro.

Pese a la insistencia de fuentes de trabajadores del propio enclave invernal que remarcan que el equipo de gobierno ya ha iniciado conversaciones con empresas expertas en el sector para tantear las condiciones de la privatización y conocer ejemplos de otros espacios blancos, el diputado enfatiza que aún no ha habido contactos formales ni existe ningún tipo de negociación en marcha.

Otro asunto pendiente y largamente reivindicado por los usuarios tiene como protagonista a la anunciada, pero no cristalizada por ahora, fusión entre San Isidro y su vecina asturiana Fuentes de Invierno.

«Cualquier acuerdo será más fácil con una empresa externa», reconoce Del Egido, quien se muestra convencido de que la privatización de la gestión facilitará el uso conjunto de ambas estaciones e incluso la unión física a través de la instalación de un remonte en el sector de Riopinos, que comparte ladera con el enclave de Fuentes de Invierno.

El acuerdo entre las administraciones —Diputación y Principado— ha resultado hasta ahora imposible, principalmente, por el problema de financiación de la línea eléctrica que la institución provincial se vio obligada a costear en solitario ante la negativa de Asturias a pagar la mitad. Fuentes necesita contar con energía y pretende comprar potencia, aunque ambas instituciones no se ponen de acuerdo en el convenio de financiación.