La fiscal observa apropiación indebida en la anterior etapa de la plaza de toros
Ratifica la propuesta de dos años de cárcel para el presidente por quedarse con 132.000 euros.
miguel ángel zamora | león
La representante del Ministerio Público reiteró su propuesta de condenar a dos años de prisión al anterior presidente y administrador de la plaza de toros, por considerar probado que se apropió indebidamente de 132.000 euros después de que la sociedad que gestionaba el coso taurino de la capital hubiera sido liquidada.
Así lo expuso al término de las más de dos horas que duró la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de los de León. La defensa propuso la libre absolución de su cliente, por considerar que los testigos y la prueba documental aportada solamente sustentaba su tesis: que no se produjo delito alguno y que solamente cabe la libre absolución. Por su parte, la acusación particular, que encarna la defensa de los intereses de la fundación que entonces regentaba la plaza, estimó que si bien los cinco años de prisión que proponía en un principio pudieran ser excesivos para la gravedad de los hechos, sí que desde su punto de vista cabía imponer una pena de más de dos, como sugirió el Ministerio Público.
Eduardo A.M. negó los cargos que se le imputaban. Aseguró que cesó en sus funciones el 9 de septiembre de 2006 y que hasta 2012 no se hizo efectiva la liquidación de la sociedad. «Si el primer año ya había metido la mano en el cajón, como dicen ellos en la querella, ¿por qué tardaron ocho años en presentarla?. Todo lo que yo hice fue porque seguí las instrucciones del liquidador», aseguró.
No pudo justificar que hubiese realizado la entrega de las cantidades que retiraba en cajeros automáticos y cuyo ingreso hacía constar como caja. «Si hubiera documentos, yo no estaría aquí sentado», advirtió. «Nunca hubo testigos de las entregas del dinero, nunca. Siempre se lo daba en mano al liquidador en Gijón porque yo todas las semanas viajaba a Asturias».
El citado liquidador negó haber recibido nunca cantidad alguna en mano, pero no supo justificar por qué tardó quince meses en oficializar públicamente la disolución de la empresa y qué motivo había para que seis años después de la liquidación, el procesado aún figurase como administrador. «Era mi jefe y no podía tomar decisiones por encima de él», alegó ante la contrariedad de la fiscal: «¿Cómo podía ser su jefe si la empresa había sido liquidada?».
El propietario de la gestoría que tramitaba también exculpó al sospechoso: «Aquí el que daba las órdenes era el liquidador. Me dijo que no había ningún problema en seguir con la contabilidad y así lo hice. Luego me dejaron a deber más de 4.000 euros», protestó.