El retraso en los PGE frena el gasto de 149 M€ del superávit de la Diputación de León

a. g. Puente | León

Cerca de 150 millones, los remanentes generados tras la liquidación del presupuesto de 2016, aguardan destino en las arcas del Palacio de los Guzmanes a la espera de que la Diputación consiga la autorización del Gobierno para la utilización de dinero de este superávit en las denominadas inversiones financieramente sostenibles (Ifs). Antes de este paso, el Ejecutivo Central precisa tener los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ya aprobados, superado ya el trámite del Congreso ahora empieza su debate en el Senado. El retraso en la entrada en vigor de los PGE lastra la gestión de la institución provincial que cuenta con remanentes que ya, con la mitad del año prácticamente agotada, aún no ha podido consignar. La máxima prioridad se centra en dejar la deuda de la institución a cero, con el destino de 41 millones de estos remanentes a su liquidación total. También serán dirigidos 30 millones a un plan de carreteras.

Tras conocer que la tesorería de la institución arrojaba un saldo al cierre del primer trimestre de 168 millones de euros, de los que aproximadamente cerca de 150 son remanentes, la oposición se apresuró a reclamar al equipo de gobierno la rápida gestión de esos fondos para que lleguen más inversiones a la provincia. «Deberían hacer algún plan, la provincia lo necesita y la verdad esta institución es la única que invierte en los pueblos», dijo el portavoz de los socialistas, José Pellitero. El diputado leonesista Matías Llorente alertó que cada año «los remanentes son más grandes, hay que poner freno a esta situación, deben ejecutarse lo antes posible en amortizar la deuda, las carreteras y en un plan para acabar con la brecha digital».

Mientras, el diputado de CB Pedro Muñoz sugirió que sea en el ámbito de la Junta de Portavoces donde se decida en qué se gastarán los remanentes y el representante de la coalición En Común, Miguel Flecha, reclamó más planes «además de pagar deuda».

La principal prioridad, subrayó el presidente de la Diputación, será la liquidación total de los 41 millones de deuda que a día de hoy tiene la institución. Juan Martínez Majo explicó que esta operación permitirá «mejorar los presupuestos futuros». Reconoció, sin embargo, que deben negociar con los bancos, ya que existen penalizaciones por la amortización antes del plazo. Recalcó también que acabar con la deuda permitirá al presupuesto provincial disponer de entre diez y once millones más cada ejercicio que «podremos destinar a gasto corriente o inversiones». Puso como ejemplo, los prácticamente cinco millones anuales que precisará el desarrollo del plan de bomberos.

No obstante, el presidente advirtió de que el gasto de los remanentes aún tendrá que esperar a que los PGE sean aprobados de forma definitiva para obtener la autorización de su destino. Indicó que si el permiso se ciñe únicamente al 2017 «no habrá tiempo para contratar las obras de las inversiones», aunque todo indica que será bianual e incluirá este año y el que viene. «Así se podrán contratar obras por los dos ejercicios en el caso de planes competencia de otras administraciones y los propios», matizó.

Y avanzó que los planes serán consensuados, ya que existen varias propuestas sobre la mesa, entre ellos uno específico para las carreteras, también habrá una partida para contribuir a la implantación de empresas en el medio rural a través de los polígonos y otro para aminorar la brecha digital.