Diario de León

Villahierro no contabiliza incidentes graves desde el pasado mes de octubre

La nueva ley castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel las agresiones a funcionarios.

Imagen de archivo del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro. MARCIANO

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miguel ángel zamora | león

El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro no contabiliza incidentes serios en el interior de la Penitenciaría desde que el pasado mes de octubre un interno trató de secuestrar a un funcionario experto utilizando un pincho carcelero. La nueva legislación castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel las agresiones a funcionarios, circunstancia que trata de frenar la escalada de violencia que, en algunos centros, se había convertido en un problema.

El protocolo fue ratificado la semana pasada en la Mesa General de la Administración General del Estado, con el aval del Ministerio del Interior y los sindicatos.

Las denuncias por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones obedece a esta realidad.

La principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docentes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.

Asimismo, el protocolo incluirá el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto significativo en su salud o en su integridad. Actualmente, prestan servicio en Villahierro cerca de cuatrocientos empleados públicos, pese a que la cifra ideal estaría en los quinientos.

El protocolo, también contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión

El último ataque ocurrió el 23 de octubre. Un interno llamó a un funcionario para que entrar en la zona reservada a reclusos. «Hay algo personal que quiero decirte y prefiero que no me escuchen los demás», asegura la víctima que le dijo el presunto agresor.

En el momento en el que el funcionario se adentró en la instalación reservada a reos, el agresor sacó un pincho de 18 centímetros confeccionado con un elemento metálico y profirió amenazas severas. La intervención de otros reclusos evitó que hubiera males mayores, pese a que el agresor había dicho: «Vas a ser mi pasaporte a la libertad»

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