POLÍTICA INSTITUCIONAL ■ EN BUSCA DE ACUERDOS
La Junta reclama un pacto entre Diputación y Ayuntamiento para desbloquear Gersul
Una de las dos instituciones debe hacerse cargo de las cuentas del consorcio e integrarlas en su gestión financiera
Imagen de la entrada principal del complejo del CTR en San Román de la Vega, centro de operaciones de Gersul. JESÚS F. SALVADORES
A. G. PUente | redacción
La Diputación o el Ayuntamiento de la capital. Una de las dos instituciones debe sumar Gersul a su estructura presupuestaria y financiera. La operación, obligatoria para cumplir con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, requiere un cambio de estatutos del consorcio que se encarga de la gestión y tratamiento de los residuos de toda la provincia y tiene que ser impulsada desde el Palacio de los Guzmanes. Dar el paso, que esta entidad pública debió dar ya hace años y ha estado demorando hasta el momento, permitirá desbloquear la gestión financiera y administrativa que sufre desde hace meses por la baja laboral de su secretario-interventor. La situación, incluso, desencadenó la pasada semana la dimisión de su vicepresidente tercero, el representante del Ayuntamiento de San Andrés y diputado provincial de C’s Juan Carlos Fernández.
Además, según ha podido conocer este periódico, la propia Junta de Castilla y León reclamó hace sólo unos días la adscripción urgente e inmediata de Gersul, un paso al que la ley obliga a todos los consorcios. El proceso se avecina complejo y augura una pugna entre la Diputación y el Ayuntamiento para evitar ‘cargar’ con la responsabilidad financiera de este organismo autónomo hasta la fecha.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local obliga a adscribir presupuestariamente los consorcios a aquella administración con más votos en su asamblea. De manera que siguiendo esta norma debería ser el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de los aspectos contables de Gersul, ya que la capital cuenta con un voto por cada 1.000 habitantes, es decir, cerca de 130, frente a los 100 de la Diputación. Sin embargo, en la práctica y siguiendo el ejemplo del resto de provincias de la Comunidad, a excepción de Valladolid, todas las diputaciones tienen adscrito a su estructura los consorcios de residuos.
Una argucia de la Diputación en el otoño de 2014 intentó endosar Gersul al Ayuntamiento, aunque finalmente no se cristalizó. Esta operación, auspiciada por la entonces presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, terminó por abrir una crisis institucional entre ambas instituciones, con Emilio Gutiérrez en aquel momento al frente del Consistorio capitalino. La asamblea del consorcio llegó a aprobar su adscripción a la Diputación (dotándola de más votos para ajustarse así a la ley), pero cuando el asunto llegó al Palacio de los Guzmanes para su aprobación todo dio un giro. El Partido Popular logró el apoyo de parte de la oposición y no aceptaron que la institución tuviera más votos.
La modificación de los estatutos de Gersul debe ser ratificado por mayoría en los plenos de todas las ayuntamientos y mancomunidades que pertenecen al consorcio, así como por el Consejo Comarcal del Bierzo y la propia Diputación.