Diferencias económicas encallan el acuerdo con Sierra Pambley por el monte San Isidro

asun g. Puente | redacción

Discrepancias económicas complican las negociaciones entre la Diputación y la Fundación Sierra Pambley por el monte San Isidro. Las tasaciones realizadas por ambas partes reflejan distintos parámetros a la hora de valorar las 133,47 hectáreas de la discordia y, por lo tanto, también a la hora de cuantificar la indemnización que deben aportar las arcas del Palacio de los Guzmanes. La institución provincial está obligada a pagar a la fundación por usos distintos de estos terrenos a los que está obligada según el contrato de compra que rubricó con la fundación en 1949. El documento original especificaba que este suelo debía ser destinado a fines sociales.

Las diferencias en las tasaciones radican fundamentalmente en la cuantificación que cada parte realiza de las hectáreas que consideran rústicas o urbanas, un aspecto esencial para fijar la cantidad final de la indemnización, dada la disparidad de precio entre uno y otro tipo de suelo. Ante las divergencias ya constatadas en las últimas reuniones, el letrado y patrono de Sierra Pambley Graciliano Palomo anuncia que en septiembre reactivarán la demanda civil interpuesta contra la Diputación, actualmente paralizada por el principio de acuerdo alcanzado entre las partes, que ahora está en el aire por cuestiones económicas.

Urbanos y rústicos

Mientras la fundación ha tasado en 116 las hectáreas de suelo rústico en el monte San Isidro y 7,5 las urbanas, el informe de los técnicos de la Diputación refleja 119 y 4,8, respectivamente. La diferencia llamativa en las valoraciones de los terrenos urbanos explica las discrepancias en la cuantía final de la indemnización de una y otra parte. En el contrato de venta ya se especificaba cómo debía ser calculada esta indemnización: «La diferencia entre el precio de aquel momento (1,7 millones de pesetas) y el valor real de la finca excluidas las edificaciones que en ella existan en el momento de ejercitarse la reclamación, fijándose tal valor por justa peritación... ».

Fuentes del equipo de gobierno de la Diputación reconocen que «el tema es complejo, aunque estamos obligados a encontrar una salida consensuada; el problema no es fácil». Desde la Fundación Sierra Pambley, Graciliano Palomo insiste en que siguen las negociaciones «en la mesa de valoración, pero si en septiembre no hay acuerdo la demanda será reactivada».

Además de las evidentes discrepancias en el terreno económico, las dos partes siguen valorando de forma dispar los usos que la Diputación ha dado a lo largo de estos años a los terrenos del monte San Isidro. La institución provincial persiste en remarcar el uso social de las instalaciones y pone como ejemplo los distintos colectivos de discapacitados que tienen allí sede o áreas para sus actividades y la presencia de programas educativos (Criele y el módulo de FP de Cocina y Hostelería) y la misión que los pabellones de San Cayetano han cumplido a lo largo de estas décadas, como su sede como hospicio provincial. Por su parte, Sierra Pambley pone en duda que los fines rubricados en el contrato se hayan cumplido siempre con instalaciones ubicadas allí por la institución provincial, como el Parque Móvil o numerosos servicios administrativos allí trasladados desde el centro de la ciudad.

Intentos frustrados

Después de once años en busca de un acuerdo con la Diputación sin conseguir resultado alguno, la fundación decidió acudir a los tribunales y a finales de 2015 presentó una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de León, una acción que fue paralizada esta primavera ante el principio de acuerdo entre las partes y que ahora está cuestionado por las diferencias económicas.

Durante años la Diputación mantuvo un convenio con Sierra Pambley a través del que pagaba a la fundación una cantidad por ejercicio, «a modo informal», como compensación por utilizar ese suelo. Este acuerdo tácito fue cancelado en la presidencia de Isabel Carrasco.

La demanda planteada en los Juzgados de la capital adjuntó cerca de cuarenta documentos que reflejan que la fundación reclamó a la institución en la venta la construcción de un hospicio, que la Diputación hizo y mantuvo abierto hasta 1991.

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