Los fiscales de León exigen más rigor con los fraudes que causen despidos o perjuicios a los ahorradores

La Memoria de la Fiscalía General destaca la «creciente complejidad» de los delitos económicos, tanto por el incremento de su número como por la dificultad de las investigaciones y los cambios normativos que les afectan. De hecho, el documento recoge la queja del Fiscal de León en el sentido de «la dificultad de determinar el número real de insolvencias punibles producidas, por existir varias denominaciones para las mismas».

En este campo, los fiscales apuestan claramente por aplicar el mayor rigor a aquellos fraudes que se traduzcan en la pérdida de puestos de trabajo o que causen perjuicio a pequeños ahorradores». De hecho, aunque lo califica como un «deseo incalcanzable», reitera la necesidad que «existan grupos o unidades de funcionarios en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la investigación de la delincuencia económica, a las órdenes directas de jueces y fiscales encargados de depurar las responsabilidades derivadas de estos delitos».

Siguen en crisis

Uno de los puntos en los que incide la memoria, es en la advertencia de «no criminalizar» la conducta de los ciudadanos que cometen delitos económicos acuciados por las dificultades. Señala el informe que «si atendemos a las cifras macroeconómicas, y a la desenvoltura con la que parecen comportarse gran parte de las denominadas clases medias, habría que pensar que los mayores efectos de la crisis económica han remitido. No obstante, resulta obvio que tal conclusión no es válida para una importantísima parte de la población». Por lo que insiste en la recomendación de «evitar en lo posible la criminalización de conductas cuya causa única sea la desesperada situación económica del autor». Por contra, «extremar el rigor» en las actuaciones que provoquen despidos o perjuicios a los pequeños ahorradores.

La memoria de la Fiscalía destaca la «creciente importancia de los delitos contra la Hacienda Pública, sobre todo en lo que hace referencia a los fraudes de IVA y Sociedades». En cambio, descienden los fraudes respecto al IRPF. E insiste en la dificultad de cuantificar los delitos por carecer de un sistema informático normalizado e igual para todo el territorio.