La Junta retirará el concierto a los Maristas si demuestra que ocultó «deliberadamente» acoso escolar
Educación adaptará la norma para que los padres puedan acudir directamente a Inspección
A. Calvo / m. romero | León
El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, dio ayer una respuesta contundente y afirmó que en el caso de que se pruebe que el colegio Maristas San José de León «hubiera ocultado deliberadamente» el caso de acoso escolar al que hace referencia una reciente resolución del Procurador del Común, la Junta podría llegar a retirarle el concierto. En declaraciones a este periódico, Fernando Rey insistió en que los casos de bullying «son difíciles y no siempre está disponible la respuesta inmediata», pero descartó que la solución sea cambiar a las víctimas de colegio, como sugirió este centro a la familia de una víctima de acoso reiterado. En la resolución emitida por el Procurador del Común, Javier Amoedo, se relata la historia de un niño de 8 años —al que se le da el nombre ficticio de Antonio— que habría padecido acoso escolar con agresiones físicas y psicológicas de su compañeros desde tercero de Infantil y que se alargaron durante cuatro cursos.
Rey destacó que, aunque desde la dirección del centro se tomaron medidas, «otra cosa es que hayan sido efectivas» y subrayó el hecho de que se tardara «mucho tiempo en ir a Educación». En este sentido, concretó que una vez que Inspección tuvo conocimiento del tema, cuando se abrieron los expedientes sancionadores a dos de los alumnos agresores a finales del curso pasado, «se tomaron los pasos adecuados y el pequeño continúa en su colegio». Habrían pasado ya más de tres años desde que el niño comenzara a ser maltratado por sus compañeros. «Este podría ser un caso no tratado adecuadamente en el centro», aseveró el consejero, insistiendo en que es preciso abordar cualquier presunto caso de bullying «con seriedad, rigor y desde el primer momento».
«Es un éxito que cada año haya menos casos de acoso escolar, pero me preocupan también los no detectados», reflexionó el consejero de Educación, quien precisó que tanto la concertada como la pública tienen el mismo protocolo y que la Junta garantiza la seguridad y la convivencia en todos. Así, añadió que en Castilla y León hay pocos casos y que los datos del último informe Pisa sitúan a la Comunidad como una de las más seguras, «pero en esto no se trata sólo de cantidad», añadió para concretar que cada situación que afecta a los niños «importa».
«Vamos a adoptar medidas inmediatas», señaló el consejero, para añadir que ya ha hablado con su equipo —que actualmente trabaja en la actualización de los protocolos de bullying— para que «los padres de la concertada tengan la posibilidad de plantear la queja ante el centro y también ante la Dirección Provincial de Educación o al mismo tiempo, para evitar que un caso tarde mucho tiempo en ser planteado». Rey apuntó que con este cambio —ahora el primer paso que tienen que dar los padres es poner en conocimiento del colegio los hechos— los concertados «se pondrán las pilas», ya que los públicos «son más ágiles porque a los concertados les afecta el prestigio en la matrícula y la seguridad escolar es uno de los aspectos que más importa a las familias». Por este motivo apuntó que los colegios privados que cuentan con el concierto «pueden tener la tentación de minimizar u ocultar el acoso escolar». Con la medida, Inspección Educativa «podrá intervenir directamente», sin necesidad de que los padres tengan que esperar a las decisiones que se tomen en el colegio.
En relación a las recomendaciones del Procurador del Común, Fernando Rey remarcó que su palabra «es ley» y la «obedecerá con gusto», aunque precisó que del caso ocurrido en el colegio concertado de León no se puede extrapolar a «que en todos los concertados tapen o minimicen los casos de acoso más que en la pública». Otro de los puntos sobre los que trabaja la consejería son los agresores. «Qué medidas tomar, que sean correctivas y efectivas, para que abandonen esa actitud. Se trata de reeducar», dijo.