Hacienda revisará la declaración de la renta de los abogados en los tres últimos ejercicios

miguel ángel zamora | león

Alrededor de 1.200 abogados leoneses y cerca de 150 procuradores deberán someterse a una revisión de la declaración de la renta que presentaron a la Agencia Tributaria en los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016 si prospera la propuesta de la AEAT, que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial los datos correspondientes a los juicios celebrados en esos tres ejercicios, para comprobar si los profesionales que participaron en esas sesiones tributaron al fisco adecuadamente por los ingresos que percibieron de sus clientes.

Este periódico trató de contactar ayer con la delegación provincial de la Agencia Tributaria para conocer el alcance de la medida en León, pero los resultados de la gestión fueron infructuosos.

La argumentación que lleva al CGPJ a consentir el suministro de la información demandada incluye una mención a un informe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se planteaba una situación similar y se resolvía permitir la entrega de la información, en este caso a la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El informe también menciona jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la sentencia de 12 de noviembre de 2003 de la Sala Tercera, sobre la transcendencia tributaria de la información que se solicita, o la de 20 de noviembre de 2014, sobre el deber de colaboración con la Administración Tributaria.

Según se desprende del documento del CGPJ, la información que requiere Hacienda es la relativa a la identificación de cada abogado y procurador que haya intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional.

TODOS LOS DATOS

Dicha información debe incluir, según la petición, el nombre completo y NIF del abogado o procurador y su número de colegiado. Además, Hacienda también solicita la fecha de inicio y de cese de la intervención en el procedimiento, el juzgado o tribunal ante el que ha intervenido, la localidad, la identificación del procedimiento, el importe en litigio (en su caso) y la identificación del cliente.

Esta última cuestión ha sido finalmente desestimada y las personas que han requerido de los servicios de un profesional de la abogacía o la procuraduría, no tendrán que someterse al análisis de los técnicos de la AEAT.

La iniciativa forma parte de un plan del Ministerio de Hacienda para tratar de sacar a la luz posibles bolsas de fraude tributario. La tesis de la Agencia Tributaria establece la teoría de que podría haber casos en que determinados profesionales omiten su obligación de declarar ingresos correspondientes a minutas . La mayor parte de los profesionales de este ámbito ejercen en calidad de trabajadores autónomos, por lo que Hacienda ha determinado la necesidad de comprobar si todo se ha hecho conforme a la legislación.