Solicitan diez meses de prisión para dos okupas que saquearon un piso

miguel ángel zamora | león

El Ministerio Fiscal solicita una pena de diez meses de prisión y seis meses de multa para cada uno de los dos miembros de una pareja, a los que se acusa de sendos delitos de presunta usurpación y hurto, por el que serán juzgados en Penal 1, acusados de haber residido de forma ilegal en un inmueble de Fernández Ladreda.

El varón ya había sido condenado anteriormente por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y se le impuso una pena de un año de privación del permiso para conducir en mayo de 2014, además de seis meses de multa. La mujer no tenía antecedentes penales en su haber.

En enero del año 2015, sin contar con la autorización de su verdadero propietario, se introdujeron en un inmueble de la avenida de Fernández Ladreda, que había sido alquilado a una tercera persona ajena al caso puesto que en enero de 2015 abandonó el piso.

Los acusados, siempre según la versión del Ministerio Público, abandonaron el domicilio en agosto de ese mismo año. Cuando lo hicieron, se llevaron una lavadora, un frigorífico y otros enseres valorados pericialmente en 710 euros.

Con su forma de proceder, tenían la intención de obtener un beneficio ilícito. Además, dejaron a deber recibos de la luz a Iberdrola por valor de 139,30 euros, que tuvo que abonar el perjudicado para poder volver a dar de alta la luz.

A criterio de la Fiscalía, se trata de dos presuntos delitos de hurto y usurpación de inmueble, por los que procedería desde su punto de vista la aplicación de penas de diez meses de prisión por el primer delito y tres meses de multa a razón de cuatro euros diarios por el segundo, que deberán satisfacer por partida doble cada uno de los dos procesados, en caso de que sean hallados culpables por el tribunal.

La fiscal exige que sean interrogados el propietario legítimo del inmueble y un testigo más. La defensa alega que los hechos no se produjeron en la forma en la que los relata la representante del Ministerio Público y solicita la libre absolución de sus patrocinados, por entender que no cometieron ningún ilícito penal en su comportamiento y que no corresponde aplicarles pena alguna.

Resolver con juicios rápidos el delito de usurpación, endurecer las penas y garantizar el cumplimiento íntegro de las mismas es una batalla no resuelta aún. La semana pasada, el Congreso de los Diputados -con el voto a favor de PP y Ciudadanos- aprobó una moción con estas medidas que deberán traducirse en una futura ley, siempre y cuando el Gobierno lo considere oportuno.

Esta iniciativa llega en un momento en el que el fenómeno okupa, sin dejar de abandonar los titulares en prensa, parece perder fuelle. Así, aunque las condenas por usurpación aumentaron el año pasado un 87% (hasta las 6.132, según el INE), las actuaciones de la Fiscalía una vez cursada denuncia cayeron un 53%, hasta las 12.900 incoaciones, a tenor de la última memoria del organismo público. Este desfase entre el aumento de las condenas y la reducción de las intervenciones del Ministerio Fiscal responde a un hecho: la demora en este tipo de trámites una vez judicializados, que pueden extenderse por encima de los dos años hasta encontrar sentencia en firme. Resolver con juicios rápidos el delito de usurpación, endurecer las penas y garantizar el cumplimiento íntegro de las mismas es clave.