Burgos lidera un foro de diputaciones para zanjar las competencias impropias

A. G. Puente | león

El eterno debate de las competencias impropias vuelve a primera línea de la tabla de reivindicaciones de las diputaciones de la Comunidad a la Junta. Burgos ha tomado la iniciativa y promueve una cumbre de instituciones provinciales para abordar un asunto que cada año ‘lastra’ las arcas de estas administraciones con la financiación de centros asistenciales cuya competencia está en manos de la Junta, tal y como refleja de la Reforma Local. En el caso de León estas competencias suponen alrededor de 20 millones de euros cada ejercicio de fondos propios para afrontar los gastos de los cuatro centros asistenciales que gestiona: Nuestra Señora del Valle (La Bañeza), Cosamai (Astorga), la residencia de ancianos Santa Luisa (León) y el Sagrado Corazón (también en la capital). Los cuatro centros asisten a algo más de 400 personas.

Precisamente ayer, en la presentación del Acuerdo Marco suscrito con la Junta para la cofinanciación de los servicios sociales, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, reconoció que en estos momentos las negociaciones para hablar con la institución autonómico de la transferencia de estas competencias impropias «están paralizadas». No obstante, recalcó que son «muy reivindicativos con la Junta, pero no se puede utilizar a los residentes de estos centros para presionar como moneda de cambio».

Reconoció, además, que a pesar de que estas transferencias no acaben en manos de la Junta, la Diputación de León «tiene una responsabilidad moral adquirida; son centros ejemplares, nunca los abandonaremos».

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha pedido a la Junta a través de un escrito que propicie y convoque una reunión con las nueve instituciones provinciales de la Comunidad para abordar el asunto de las competencias impropias, fundamentalmente, en materia de servicios sociales.

Rico asegura que ya ha mantenido contactos informales con responsables de varias diputaciones de la autonomía sobre el asunto y quiere que se fije un calendario para que la Junta se vaya haciendo cargo de forma progresiva del coste de estas competencias impropias, sobre todo, los centros asistenciales que gestionan las administraciones provinciales. En el caso de Burgos, el coste de sus cinco residencias asciende a 21 millones de euros anuales.

Rico matizó también que el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León incluye los servicios sociales como competencia propia de la Junta, al igual que lo refleja la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (más conocida como la Reforma Local). De todas formas, reconoce que asumir todos estos gastos de golpe con la transferencia simultánea de todas las diputaciones sería muy elevado para la Junta, por lo que aboga por el establecimiento de un calendario y una hoja de ruta para fijar los pasos que deben de darse entre las instituciones.

El objetivo sería que todo el proceso estuviera encaminado y pudiera ponerse en marcha cuando el Congreso de los Diputados y el Senado aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica, paso previo y fundamental para aplicar la Reforma Local, que ya obliga a que las competencias sean asumidas por la administración a quien corresponde, en este caso a la Junta de Castilla y León. De no ser así, las diputaciones deberían recibir íntegramente el coste que supone para sus arcas financiar anualmente los gastos de mantenimiento de los centros asistenciales que gestionan desde hace décadas para dar servicio a diversos colectivos de discapacitados y ancianos.