POLÍTICA ■ ACUERDOS
León se une al foro de diputaciones para zanjar competencias impropias
Majo asegura que mantendrán los centros asistenciales si la Junta financia los 18 millones
Un momento del Pleno celebrado ayer en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación. MARCIANO
A. G. Puente | león
León se suma al foro de diputaciones alentado desde la institución provincial de Burgos —un frente que ya avanzó hace unos días Diario de León— para abordar con la Junta las denominadas competencias impropias, fundamentalmente aquellas ligadas a la gestión y mantenimiento de centros asistenciales, un fenómeno común en las nueve de la Comunidad. El responsable del Palacio de los Guzmanes, Juan Martínez Majo, explicó ayer tras el Pleno que la carta de su homólogo de Burgos, César Rico, llegó hace unos días y que León acudirá a la reunión con la consejera de Bienestar Social, Alicia García, para poner sobre la mesa la necesidad de que la institución autonómica financie las competencias impropias.
Fue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como la Reforma Local, que entró en vigor a finales de 2013, la que fijó que las competencias asistenciales y sociales corresponden a las autonomías. En ese momento, El Gobierno estableció una moratoria para que las comunidades tuvieran tiempo con el fin de que pudieran ajustar su legislación. El tiempo ha pasado y, de momento, la Junta no ha dado ningún paso para asumir estas competencias.
Ante esta situación, Majo aseguró que la Diputación está dispuesta a continuar con la gestión y mantenimiento de sus cuatro centros asistenciales (Nuestra Señora del Valle, Cosamai, Sagrado Corazón y Santa Luisa), que el año que viene supondrán un gasto para las arcas provinciales cercano a los 18 millones de euros. «Tenemos la capacidad y estamos preparados, siempre que contemos con la financiación adecuada».
Los cuatro centros asistenciales que gestiona la Diputación leonesa atienden en estos momentos a 530 personas y cuentan con más de 400 trabajadores.
La cuestión de las competencias impropias llegó al debate plenario con un pregunta del diputado leonesista Matías Llorente. Quiso conocer si León iba a sumarse al foro propiciado desde la Diputación de Burgos para reivindicar ante la Junta la financiación de las competencias impropias. «Nosotros estaremos en el bloque que reivindique una financiación adecuada», le replicó Majo.
El presidente de la Diputación de Burgos ha mantenido contactos informales con responsables de varias diputaciones de la autonomía sobre el asunto y reclama un calendario para que la Junta se vaya haciendo cargo de forma progresiva del coste de estas competencias impropias, sobre todo, los centros asistenciales que gestionan las administraciones provinciales. En el caso de Burgos, el coste de sus cinco residencias asciende a 21 millones de euros anuales.
Rico recuerda también que el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León incluye los servicios sociales como competencia propia de la Junta, al igual que lo refleja la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.