Piden que Primera Instancia 11 ya funcione a partir del 31 de enero
El pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó la pasada semana por unanimidad un proyecto de orden ministerial en el que se determina la entrada en funcionamiento de 76 juzgados en cinco fases: 17 lo harán el 31 de enero de 2018, 16 el 31 de marzo, 22 el 30 de junio, 13 el 30 de septiembre y otros 8 el 31 de diciembre del año que viene.
Cree conveniente el Consejo General del Poder Judicial que la puesta en funcionamiento fijada para el 31 de enero de 2018 ha de comprender, además de las ya previstas en esa fecha, «los juzgados creados y constituidos en el ámbito del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se difieren para otras fases posteriores». Se trata de unidades creadas o constituidas en las localidades de Albacete, Murcia, Guadalajara, Eivissa, León, Medina del Campo, Illescas, Navalmoral de la Mata, Cartagena, Talavera de la Reina y Toledo. El texto dice también que «diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable». El informe del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que «sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017.
Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia».
El Consejo valora la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales en cuanto que «contribuirá a paliar los desequilibrios».