El Defensor del Pueblo exige a León medidas para atajar la contaminación y qué tipo de información da a sus ciudadanos

El Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación de oficio ante quince municipios españoles, entre ellos el de León, para conocer las medidas que tienen para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. Los quince municipios, además de León, son Toledo, Ciudad Real, A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Gijón, Granada, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En total, el Defensor del Pueblo ha enviado a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo es conseguir que las ciudades sepan cómo responder ante altos índices de contaminación, sobre todo en las capitales de provincia, donde la mayoría cuentan con planes de actuación en caso de que se superen los umbrales fijados para altos índices de contaminación.

Desde la institución explican que el Defensor tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos y superó las 750 actuaciones de oficio; en total se gestionaron más de 25.550 expedientes, según Efe. Entre el balance que hace la institución, presidida actualmente en funciones por Francisco Fernández Marugán tras concluir Soledad Becerril su mandato, está el informe realizado sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros de privación de libertad, y dos estudios monográficos sobre protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y sobre la situación de las personas celíacas.

La institución ha mostrado su preocupación este año por el elevado precio de la electricidad en España, ya que recuerda que es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.

Por ello, mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro; y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

En línea con su preocupación por proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

La institución ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables.