Castilla y León regulará en convenio los controles al transporte escolar
Castilla y León, ante la ausencia de una normativa al respecto, regulará a través de los convenios colectivos la realización de controles aleatorios de alcohol y drogas a los conductores de vehículos destinados al transporte escolar, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Los tres positivos detectados en otros tantos controles el pasado noviembre, dos en la provincia de Salamanca y uno en la ciudad de Valladolid, han motivado esta medida plasmada junto a otras en un protocolo firmado ayer por los consejeros de Educación, Fernando Rey, y de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. También rubricaron este documento representantes de los sindicatos (UGT y CC.OO); de los empresarios de transporte público por carretera (Fecalbus y Asetradis); y de la comunidad educativa a través de organizaciones de estudiantes y de las asociaciones de padres y madres de centros públicos (Confarcale y Confapacal).
Sin alarmismo, pero con la mirada puesta en la seguridad de profesionales y usuarios, todos ellos han consensuado un protocolo que se encargará de desarrollar un grupo de trabajo antes de culminar en la firma de un acuerdo definitivo. Otra de las medidas, todas ellas con carácter preventivo, es la inclusión de esos análisis en los reconocimientos médicos de los chóferes, informa Efe.
El transporte público regular de viajeros por carretera «es esencial y especialmente necesario en Castilla y León», una comunidad autónoma escasamente poblada y con una «enorme dispersión» entre los 2.247 municipios distribuidos en nueve provincias dentro de la mayor superficie autonómica, superior incluso a la extensión geográfica de Portugal, apuntó el consejero de Fomento. Esas circunstancias «hacen difícil la prestación de este servicio público», no sólo en las rutas de transporte escolar sino en las de otro tipo, pese a los cual el autobús «es dieciséis veces más seguro que el coche», en la misma línea que el tren y el avión, precisó. La intención es que este principio de acuerdo fructifique «lo antes posible pero con todas las garantías para los profesionales», para evitar «que se los criminalice», explicó al término de la firma el representante de CC.OO, Juan carlos Cáceres. «Nosotros no tenemos ningún miedo a esos controles si se hacen con garantías y no como represalia contra el trabajador», apuntaron desde UGT.